La Legislatura de la provincia argentina de Buenos Aires recibió un nuevo proyecto de ley sobre el juego, presentado esta semana por el diputado Diego Garciarena, presidente del Bloque UCR+ Cambio Federal. La nueva ley apuntaría a prevenir la participación de menores de edad en las plataformas de juego y apuestas.
Es sabido ya que tanto a nivel provincial como nacional, Argentina entró en un debate por la alarmante cantidad de menores de edad que logran hacer apuestas y participar de todo tipo de ofertas de juego online.
Por esta razón, Garciarena presentó un proyecto para modificar Ley N° 15.079 “Titulo VIII Regulación del Juego On Line”, con foco en añadir controles biométricos para la validación de identidad a la hora de hacerse usuarios en estas plataformas, junto a una mayor restricción publicitaria.
“No es que nos falten políticas o plexos jurídicos-normativos respecto al tema: las políticas están fallando generando una ruleta rusa burocrática y enunciativa, y con ello, violando las garantías de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”, argumentó el diputado.
Y añadió: “Las publicidades de plataformas de juego siguen vigentes, no existen requisitos efectivos de control biométrico de acceso por edad, se siguen otorgando licencias y no se ataca de manera sostenida la proliferación de los sitios ilegales de apuesta”.
Dentro de las restricciones publicitarias, se seguirían lineamientos como los que aplica España, como prohibir la participación de “personalidades destacadas del campo del conocimiento, entretenimiento, las artes, o el deporte para la difusión del juego de apuestas online, en cualquiera de sus manifestaciones”.
Regulación del juego en Buenos Aires
Días atrás, la Justicia ordenó el bloqueo de más de 100 sitios de juego online y apuestas deportivas ilegales en la provincia de Buenos Aires. La orden surgió tras el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic), que identificó las plataformas no autorizadas. Así, con apoyo de la Policía Federal y unidades especializadas, actuaron sobre los sitios ilegales.
A raíz de esta causa, el fiscal solicitó el bloqueo de los sitios a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), y el juzgado de Garantías de San Isidro avaló y ordenó ejecutar la medida.
