El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) anunció la adjudicación de los permisos de operación para los casinos de Antofagasta y Talca.
Según explicó el regulador, la sociedad Dalmacia Gamming S.A. se adjudicó la licencia de la sala de Antofagasta. En este caso, había sido la única oferente, por lo que solo debió cumplir con los requisitos planteados por las autoridades.
De esta forma, el operador internacional de casinos Enjoy se garantiza la continuidad del negocio en la región.
En cuanto a la sala de Talca, en la región del Maule, la ganadora del proceso fue la sociedad de Ríos Claros S.A. Su oferta superó a la de Casino de Juego de Talca S.A. y le permitió quedarse con el permiso.
En este caso, se trata de Dreams, otro de los operadores más importantes del país y la región.
Según había compartido la SCJ, para el casino de Antofagasta, Dalmacia Gamming S.A. obtuvo un puntaje total de 834,97. En tanto, la Sociedad de Ríos Claros S.A. para el casino de Talca logró 800,92 puntos, mientras que Casino de Juego de Talca S.A. cerró con 665,17 puntos totales.
“Por otra parte, también en la citada sesión del 26 de octubre, el Consejo Resolutivo de la SCJ decidió poner término a la evaluación de la propuesta presentada por Casino de Juegos y Entretenimiento de Antofagasta S.A. en la comuna de Antofagasta, ratificando la propuesta del Comité Técnico de Evaluación de la Superintendencia, lo que consta en la Resolución Exenta N°858, en consideración a que la sociedad postulante no cumplió con alguna de las obligaciones establecidas en la Ley N°19.995, en el Decreto Supremo N°1722, de Hacienda, de 2015 y en las Bases Técnicas”, detallaron desde la SCJ.
Según explicaron, en este caso, el cálculo de la inversión total no incluyó la inversión en obra gruesa habitable del inmueble en que operaría el proyecto, por lo que la boleta de garantía equivalente al 5 por ciento de la inversión no cubre la inversión efectiva del proyecto postulado. Tampoco fue posible concluir el origen y suficiencia de fondos al no poder acreditar el monto total de inversión, ni las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto respecto de la inversión en obra gruesa habitable.
