Enjoy y Dreams emitieron comunicados tras la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra ambos (y Marina del Sol) por colusión en el proceso licitatorio de casinos municipales en Chile, y rechazaron cualquier accionar ilegítimo.
“(Dreams) rechaza cualquier acusación que atente contra la libre competencia y las prácticas contrarias a un sano desenvolvimiento de la industria”, dijeron desde la empresa controlada por la familia Fischer.
“Como compañía, lamentamos vernos involucrados en este proceso al operar siempre con estrictos estándares éticos y modelos de prevención”, agregaron.
Además, aseguraron que aportaron “los antecedentes disponibles” para colaborar con la investigación previa, pero que “hará valer todos sus medios de defensa” ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para que desestime la denuncia de la FNE.
“(Rechazamos) toda mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio, el cual siempre ha mandatado competir en las licitaciones y actuar ajustados al marco legal en todos sus procesos”, dijeron.
Enjoy, por su parte, disparó: “Lamentamos y rechazamos que la autodenuncia por parte de un tercero involucre a Enjoy S.A. en hechos de colusión en los cuales no ha tenido ninguna participación”.
“Enjoy S.A. cuenta con estrictos estándares internos que rigen los procesos de licitación en los cuales participa, siempre alineados con la normativa y los marcos regulatorios establecidos”, agregaron desde el operador.
Al igual que Dreams, desde la compañía aseguraron que “utilizarán todos los mecanismos de la ley para defenderse en un proceso que recién comienza”.
Más allá de su defensa, Enjoy también presentó un hecho esencial, firmado por su gerente general, Esteban Rigo-Righi, ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para advertir que no fue notificada formalmente del requerimiento presentado por la FNE ante el TDLC.
Reacción del gobierno y el empresariado sobre la denuncia contra operadores de casinos
El ministro de Economía chileno, Nicolás Grau, advirtió que la denuncia por colusión contra los tres operadores de casinos es “sumamente grave”.
El funcionario dijo a Radio Biobío de Concepción que, incluso, “puede implicar consecuencias penales una vez que termine el proceso” en el TDLC.
“Cuando alguien hace algo así daña a las instituciones y, por lo tanto, es muy relevante que las sanciones sean fuertes, como las que está pidiendo la fiscalía”, agregó.
Además, aseguró que la evidencia de la FNE para presentar esta denuncia es “muy contundente”.
Por otro lado, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se mostró “preocupado” por la noticia: “Nos impacta esta información y tenemos que estar muy atentos a cómo se desarrolla la investigación del Ministerio Público y la investigación de la Fiscalía”, dijo a Radio Cooperativa.
“No tengo los antecedentes completos, como para poder emitir una opinión de cuál es el fondo de la fiscalización que se hizo, sin embargo, me parece a mí que aquí se tiene que fiscalizar y revisar todos los antecedentes hasta llegar al final”, apuntó.
Además, llamó a “aplicar todo el rigor” sobre los responsables, en caso de que se confirme la colusión en la licitación de los casinos municipales.
En la misma línea, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) emitió un comunicado para “condenar y rechazar enérgicamente cualquier conducta que afecte la libre competencia y la buena fe que deben primar en cualquier actividad económica”.
“Estos comportamientos de ser ciertos, según lo determine el procedimiento judicial en curso, nos parecen gravísimos y activarán todos los mecanismos pertinentes del gremio”, advirtieron.
El rol de la Superintendencia de Casinos de Juego
El jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), Manuel Zárate Campos, afirmó que la investigación de la FNE se disparó por una denuncia del propio regulador chileno.
Según detalló, durante las audiencias públicas de la licitación de permisos de operación para casinos municipales entre octubre de 2021 y enero de 2022, solo se presentó más de un oferente en dos de las 14 comunas disponibles.
“Esta situación llamó la atención de la SCJ, y fue una de las razones que motivó la presentación de dicha denuncia, en cumplimiento de la obligación que tienen las instituciones públicas de denunciar, n osolo cualquier hecho que pudiera constituir una infracción grave en contra de la libre competencia, sino incluso el delito de colusión, que deberá ser determinado por el TDLC y los tribunales con competencia penal”, dijo Zárate.
La denuncia contra los operadores
La semana pasada, la Fiscalía Nacional Económica acusó a Enjoy, Dreams y Marina del Sol de cartelizarse para manipular el resultado de la licitación de los casinos municipales.
El organismo presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por la presunta vulneración de la libre de competencia y causar perjuicios al estado. Además, reclama multas millonarias y la revocación de 14 permisos de operación de casinos.
La FNE acusó a cinco altos ejecutivos de los tres operadores de ser responsables del presunto hecho. Sin embargo, solo pidió sanciones para cuatro de ellos, que suponen multas de unas 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), o 151,9 millones de dólares al cierre de esta edición. Se trata de las multas más altas de la historia.
Los apuntados son Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams, Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams, Claudio Tessada, gerente de administración y finanzas de Dreams, y Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Marina del Sol y único eximido de multas por haberse acogido a la delación compensada.
De acuerdo con el titular de la FNE, Jorge Grunberg, los tres operadores habrían acordado que cada uno se postulara solo para renovar sus propios permisos, sin competir por ninguna plaza. De esta forma, se aseguraron adjudicarse por 15 años las licencias de los procesos celebrados en 2020 y 2021.