Medios españoles han publicado revelaciones sobre manipulación regulatoria y conflictos de interés en torno al ex-ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro y su presunta estrecha relación con Codere S.A.
Los Mossos d’Esquadra, la Policía Autónoma de Cataluña, han publicado las primeras conclusiones de su investigación sobre Equipo Económico, la antigua consultora de Montoro.
Figura emblemática de la política, los negocios y la economía españolas, Montoro fue ministro de Hacienda en dos ocasiones durante los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018).
La investigación se centra en los contratos, negocios y actividades de lobby de Montoro antes de formar parte del gabinete del presidente Rajoy. Se especula que Montoro mantuvo una estrecha relación comercial con Rafael Catalá, miembro del consejo de administración de Codere, ex-secretario del Consejo de Administración de Codere y posteriormente ministro de Justicia de Rajoy.
Las denuncias se producen antes de la aprobación de la Ley del Juego 13/2011 de junio de 2011 por el gobierno saliente del Partido Socialista Obrero Democrático (PSOE) bajo el liderazgo de José Luis Zapatero, pocos meses antes de que el Partido Popular llegara al poder en diciembre de 2011.
La ley fue autorizada para regular la industria del juego online en España, en rápido crecimiento, introduciendo licencias, obligaciones fiscales y protocolos de cumplimiento.
Sin embargo, al asumir el cargo, el Ministerio de Hacienda de Montoro presuntamente manipuló la normativa a favor de empresas nacionales. Correos electrónicos obtenidos por la Policía Catalana muestran que el equipo de Montoro, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y el Equipo Económico, diseñó una estructura de licencias que exigía a las empresas la liquidación retroactiva de sus deudas tributarias antes de obtener la autorización operativa.
Las empresas extranjeras que deseaban entrar en el mercado español bajo la nueva ley supuestamente se enfrentaron a exigencias inesperadas de pago de impuestos retroactivos, a pesar de que la ley no contenía una cláusula de retroactividad.
Si bien no se ha identificado a ninguna empresa extranjera como objetivo, los investigadores han señalado que estas medidas crearon una desventaja competitiva para los operadores internacionales.
Según el periódico español La Sexta, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, advirtió que el lanzamiento del mercado regulado de juegos de azar online en España se suspendería a menos que los operadores extranjeros aceptaran pagar entre 150 y 200 millones de euros en impuestos retroactivos.
El beneficiario parece ser Codere S.A., el grupo español de juegos de azar con tradición, que supuestamente pagó 679.000 euros a Equipo Económico entre 2008 y 2012. En ese momento, Rafael Catalá era secretario del Consejo de Administración de Codere, lo que pone de relieve la estrecha relación entre las decisiones regulatorias y los intereses del sector privado.
En el momento de la reforma regulatoria, la empresa se encontraba en una importante reestructuración corporativa y buscaba activamente la refinanciación financiera con sus tenedores de bonos debido a los excesivos niveles de deuda, que ponían en peligro su existencia.
Aunque el foco está puesto en el juego online, la Audiencia de Tarragona ha recibido instrucciones para revisar los contratos adjudicados a Equipo Económico en otros sectores regulados. Los investigadores se centran especialmente en acuerdos en los sectores del gas y la energía, donde, según informes de prensa, Montoro podría haber ordenado una reducción del 85 por ciento en las cargas fiscales para los clientes de su antigua firma.
Se ha suscitado una mayor preocupación por la posibilidad de que las discrepancias regulatorias en el sector del juego reflejen un patrón más amplio de manipulación que incluye influencia legislativa, evasión fiscal y trato preferencial a empresas con conexiones políticas.
La sentencia del Tribunal de Tarragona podría allanar el camino para que las licencias extranjeras soliciten una compensación al Estado español por haber sido sometidas a un trato fiscal discriminatorio.
Además, las empresas afectadas o rechazadas podrían presentar demandas alegando que las acciones de España constituyeron una obstrucción a los principios de competencia del mercado único de la Unión Europea e infringieron el derecho europeo.
Cómo continua el caso de Cristóbal Montoro
El caso continúa su desarrollo, con las autoridades judiciales, las unidades anticorrupción y los reguladores financieros trabajando para determinar el alcance de la coordinación entre Montoro, Codere y Equipo Económico.
En declaraciones previas, Montoro desestimó las acusaciones, alegando que se trataba de intentos con motivaciones políticas para socavar su mandato y afirmando que la información era inexacta.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido ninguna declaración pública oficial que aborde directamente las acusaciones relacionadas con la investigación de los Mossos d’Esquadra, el Equipo Económico o su relación con Montoro. Rafael Catalá ya no ocupa ningún cargo ejecutivo ni directivo en Codere S.A.
Las acusaciones surgen en un momento especialmente delicado para el sector del juego español, ya que los operadores del sector esperan que el Ministerio de Consumo y la Dirección General del Juego (DGOJ) publiquen las especificaciones técnicas finales de un nuevo Real Decreto destinado a modernizar la gobernanza y la supervisión de las actividades de juego.
Este momento genera inquietudes sobre la integridad institucional y la transparencia, justo cuando el marco regulatorio está a punto de experimentar su reforma más significativa en más de una década.
