La consolidación de los mercados regulados de apuestas deportivas en Latinoamérica ha aportado nuevos instrumentos para monitorear movimientos sospechosos y combatir la manipulación de las competiciones deportivas. Sin embargo, para Emanuel Macedo de Medeiros, co-fundador y CEO de la Alianza Global para la Integridad Deportiva (SIGA), la existencia de normas y licencias no es suficiente: los diferentes actores del ecosistema deben transformar las alertas en investigaciones y, cuando sea necesario, en sanciones.
En una entrevista con Leonardo Biazzi, editor de SBC Notícias Brasil, Medeiros evaluó los principales desafíos para la integridad de las apuestas deportivas, incluyendo el intercambio de información entre operadores, autoridades y entidades deportivas, la lucha contra el mercado ilegal y la prevención entre atletas y otros participantes deportivos.
Al analizar Brasil, el ejecutivo afirmó que el país ha avanzado en la construcción del marco regulatorio, pero señaló la integración operativa entre instituciones como una de las principales brechas que aún persisten.
Medeiros participará en el panel “Foro Iberoamericano sobre la Integridad de las Apuestas Deportivas” durante SBC Summit 2026, junto a Ricardo Domingues, presidente de APAJO, y João Paulo Almeida, consultor de integridad deportiva para organizaciones internacionales como INTERPOL y el Consejo de Europa.
Durante la entrevista, Medeiros también argumentó que el evento de Lisboa debería avanzar hacia medidas concretas de cooperación regional, con protocolos comunes, puntos de contacto permanentes y mecanismos seguros para el intercambio de información.
SBC Notícias Brasil: Los países iberoamericanos se encuentran en etapas muy diferentes de madurez regulatoria. En tu opinión, ¿cuáles deberían ser los requisitos mínimos de integridad que cualquier mercado de apuestas deportivas regulado debe adoptar, independientemente del modelo regulatorio elegido?
Emanuel Macedo de Medeiros: Mi postura es clara: la regulación sin integridad es solo una autorización comercial. Una licencia no es un certificado definitivo de idoneidad; es el inicio de una obligación permanente de cumplimiento, supervisión y rendición de cuentas. El modelo regulatorio puede variar. Estos principios no.
Existen cinco requisitos mínimos. Primero, una licencia rigurosa que identifique quién controla al operador, el origen de los recursos y su capacidad financiera y tecnológica. Segundo, una supervisión técnicamente competente, con independencia operativa y facultades reales para auditar, investigar y sancionar.
Tercero, una identificación sólida del apostador, trazabilidad financiera y monitoreo permanente. Cuarto, comunicación inmediata de apuestas sospechosas e intercambio seguro de información. Quinto, un deporte que asuma sus responsabilidades, con reglas claras, canales de denuncia protegidos, investigaciones independientes y sanciones efectivas.
A esto añadiría educación continua, juego responsable, protección de denunciantes y una lucha firme contra el mercado ilegal. No como elementos secundarios, sino como partes de un mismo sistema de integridad.
Los Estándares Universales de la SIGA ofrecen esta base común, y el Sistema Independiente de Calificación y Verificación de la SIGA (SIRVS) permite la verificación independiente de si los compromisos se cumplen en la práctica. En definitiva, la diferencia es simple: un mercado no se considera ético por lo que declara, sino por lo que demuestra.
SBC Notícias Brasil: El intercambio de información entre operadores, reguladores, entidades deportivas y autoridades públicas se presenta constantemente como una de las principales herramientas contra la manipulación de competiciones. En la práctica, ¿qué impide aún que este intercambio de información se produzca de forma rápida y eficaz? ¿Y qué tipo de estructura debería existir para conectar a estas diferentes partes?
E.M.M.: Lo que suele faltar no es información, sino confianza. Falta saber qué compartir, con quién, cuándo y con qué protección legal. Cuando esto no se define antes de la alerta, se pierde tiempo precisamente cuando cada minuto cuenta.
Persisten dudas legítimas sobre la confidencialidad, la protección de datos y el uso de la información en procedimientos disciplinarios o penales. Pero la protección de datos no puede convertirse en un pretexto para la parálisis. Tampoco existe un lenguaje común: lo que un operador considera atípico puede no ser clasificado de la misma manera por otro. Y aún faltan puntos de contacto permanentes, tiempos de respuesta y retroalimentación para quienes reportan la alerta.
Para abordar estas dificultades, SIGA creó sus Estándares Universales de Integridad en las Apuestas Deportivas, ahora disponibles en portugués. Estos estándares transforman un término común —cooperación— en responsabilidades, canales, plazos y resultados verificables. Una cooperación eficaz no puede improvisarse cuando surge una crisis.
En Brasil, FAIR reúne actualmente a diez operadores autorizados que son miembros de SIGA Latinoamérica. Se trata de un espacio precompetitivo, estructurado y confidencial, dentro del marco legal, donde se fomenta la confianza, se armonizan los idiomas y se identifican los riesgos emergentes. No sustituye al regulador ni a las autoridades de investigación, sino que contribuye a mejorar el funcionamiento de estos canales.
El siguiente paso debería ser una plataforma nacional de integridad, conectada a una red internacional y preparada para operar diariamente, no solo cuando surge un escándalo. Debería reunir a las entidades competentes, definir las responsabilidades de cada una y garantizar que la información correcta llegue a quienes pueden actuar, de forma segura y oportuna. Sin esto, acumulamos alertas. Con esto, generamos casos.
SBC Notícias Brasil: Identificar actividades sospechosas en las apuestas es solo el comienzo del proceso. ¿Cuál es el principal obstáculo hoy en día entre la detección de un posible caso de manipulación y una investigación que pueda derivar en sanciones deportivas o penales?
E.M.M.: Hoy, el principal problema no es detectar la señal, sino asegurar que esta llegue rápidamente a quienes pueden investigar y que lo haga en condiciones válidas como prueba. Una anomalía en las apuestas es una advertencia relevante, pero no una condena. Es el inicio del trabajo, no su fin.
Es necesario cotejar las cuentas de apuestas, los flujos financieros y las relaciones con los participantes en las competiciones; preservar los registros originales; y garantizar la cadena de custodia. Todo debe hacerse dentro del marco legal, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
Aquí es donde se pierden muchos casos. La organización deportiva puede carecer de capacidad de investigación; la policía o la Fiscalía pueden recibir la información tarde o sin el contexto técnico adecuado; y los procesos deportivos y penales siguen ritmos y estándares de prueba diferentes. Deben permanecer separadas, pero necesitan estar coordinadas. Una no puede paralizar ni comprometer a la otra.
Necesitamos protocolos claros, responsabilidades definidas y profesionales especializados. La tecnología detecta patrones; la investigación determina los hechos. Sin un vínculo legalmente sólido entre la inteligencia y las pruebas, tendremos muchas alertas y poca rendición de cuentas.
