El Gobierno colombiano ultima los detalles de una nueva reforma tributaria con la que pretende recaudar 26,3 billones de pesos, destinados a cubrir parte de los 556,9 billones incluidos en el Presupuesto General de la Nación.
La iniciativa, que será presentada en el Congreso en los próximos días, contempla seis nuevos impuestos que recaerán sobre sectores estratégicos y bienes de consumo masivo, en un giro que busca ampliar la base impositiva y reducir exenciones.
Los lineamientos iniciales ya fueron expuestos en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, donde el Ministerio de Hacienda subrayó que la apuesta está en reforzar los gravámenes indirectos.
La reforma tributaria de Colombia
Entre las medidas más relevantes se encuentra la modificación del impuesto al carbono, con efectos directos sobre el consumo de combustibles como el ACPM, y la imposición del IVA a los juegos de azar tanto presenciales como online. De acuerdo con Fecoljuegos, esta última decisión ya ha tenido un impacto negativo en el sector, reduciendo en 30 por ciento sus aportes al sistema de salud.
La reforma también prevé un tributo especial a la producción de carbón y petróleo, además de nuevos impuestos ambientales que abarcarían plaguicidas, vapeadores y hasta emisiones de ruido.
Para los analistas, estas disposiciones no solo afectarían la inversión en hidrocarburos, sino que terminarían trasladando mayores costos a la clase media y baja.
Paralelamente, el proyecto busca consolidar los denominados impuestos saludables creados en 2023, elevando la carga sobre licores y tabaco, con el argumento de que se trata de bienes consumidos mayoritariamente por personas de altos ingresos.
Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, sostuvo que la tendencia de las últimas reformas genera desconcierto. “Se ha venido presionando para bajar los impuestos a los ingresos provenientes del capital y subírselos al IVA, a las rentas del trabajo y a los salarios”, señaló.
El Ministerio de Hacienda tiene plazo hasta el 29 de agosto para presentar oficialmente el texto en el Congreso, donde su discusión se dará en paralelo al análisis del Presupuesto General de la Nación, que este año llega a cifras récord.
La respuesta de la industria y las tensiones legislativas
El presidente Gustavo Petro ha dejado claro que la prioridad es asegurar la sostenibilidad fiscal, en un escenario en el que el Presupuesto General para 2025 asciende a 551,6 billones de pesos, un aumento de casi 40 billones frente al año anterior.
La reforma tributaria se convierte, así, en una pieza clave para cumplir con los compromisos de gasto y mantener el ritmo de inversión pública.
Sin embargo, desde el sector del juego surgieron cuestionamientos sobre el impacto que tendría el nuevo IVA en la operación legal, mientras que se insiste en que no se puede equiparar la situación de las plataformas autorizadas, que ya tributan y generan empleo, con la de los operadores ilegales.
En declaraciones recientes, el experto en regulación José Aníbal Aguirre advirtió que “no se debe poner en el mismo plano el juego ilegal y el legal: uno no tributa, el otro sí y además genera empleo y desarrollo”. Y como sostuvo, si bien por ahora el escenario es incierto, el debate promete estar cruzado por el dilema entre “sostenibilidad fiscal y presión tributaria”, en un año clave para el gobierno y la economía del país.
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