Declaran como “inconstitucionales” los artículos de la Ley de Juego que prohíben la operación de slots en México

Aquellos salones de entretenimiento, bares y demás tipos de comercios que hayan sido multados o clausurados por contar con máquinas tragamonedas en operación podrán basarse en un nuevo precedente para apelar contra las sanciones. 

Según informó el diario mexicano El Financiero, la Suprema Corte de Justicia de La Nación falló en contra del reglamento y de los artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que prohíben este tipo de operaciones de “juegos de azar o apuestas”.

El organismo judicial argumentó su decisión al considerar que estas normativas son inconstitucionales. “El artículo 12, fracción II, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; así como el artículo 12 del Reglamento de dicha Ley, resultan inconstitucionales por contravenir el principio de legalidad en materia penal”, aseguraron.

Y agregaron: “Dichos artículos no establecen con la precisión suficiente exigida por el principio de taxatividad, las actividades prohibidas que ameritan una sanción penal”. Así, concluyeron que este reglamento “carece de toda fuerza argumentativa al sostener que las máquinas tragamonedas forzosamente están previstas como prohibidas”.

El fallo surge del caso de Erik González Eulogio, que fue denunciado en 2017 por la Fiscalía General de la República (FGR) y quedó detenido en Puebla por contar con 19 máquinas tragamonedas en su comercio. Para la Suprema Corte, “la ley es vaga y no especifica cuáles son los tipos de juegos prohibidos”.

“Si no resulta completamente claro que las máquinas tragamonedas están prohibidas, entonces el artículo 12 del Reglamento está modificando el contenido del artículo primero de la ley y, por ende, los supuestos de actualización del tipo penal”, sentenciaron. 

Con esta última resolución, se ha sentado un precedente para la industria del juego y las apuestas en todo el país, ya que los salones y comercios que sean denunciados podrán apelar a las sanciones que, por ahora, establecen de tres meses a tres años de prisión y una multa.