La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, reiteró su rechazo al proyecto de entretenimiento Elysium City.
Durante una sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura, Guardiola confirmó que el gobierno no recurrirá el fallo adverso contra el proyecto. Según analizó, la aprobación de los documentos del caso obedecieron al “ansia electoralista” del PSOE, partido que gobernaba la comunidad autónoma hasta el año pasado.
Para la presidenta de la Junta, sus predecesores actuaron “bochornosamente” y con una “total ausencia de información en materia de gestión energética y ambiental”.
Más allá de los dichos de la dirigente del PP y cabeza de la coalición conjunta con VOX, el PSOE rechazó su postura. La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez advirtió que la sentencia contra Elysium City “no es firme” y que el gobierno debería apelar. Según Álvarez, el proyecto es clave para la economía local y la generación de empleo.
De todas formas, la mandataria autonómica repitió los cuestionamientos contra el gobierno anterior. Además, dijo que la Junta buscará incentivar el desarrollo económico y proyectos empresariales, pero cumpliendo con el ordenamiento jurídico, algo que, según considera, no se cumple en el caso de Elysium City.
El fallo contra Elysium City
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura falló en contra del decreto 162/2022 que aprobó el Plan de Ordenación con Incidencia Territorial y Proyecto de Ejecución de Grandes Instalaciones de Ocio (Poitegio) del megaproyecto de casino Elysium City, en Extremadura.
Según el Tribunal, el decreto de diciembre de 2022 está incompleto. Puntualmente, advierte sobre la necesidad de realizar, primero, los estudios y evaluaciones ambientales para su aprobación.
De todas formas, tras el fallo judicial adverso contra Elysium City en Extremadura, la empresa promotora minimizó el episodio.
Según citó El Economista, desde la compañía aseguran que es un escollo subsanable y que se trata de un mero trámite. Esperan, ahora, por la Administración Regional, que debe exigir la presentación de los informes de impacto medioambiental de los proyectos de agua, energía, residuos y accesos a la Smart City.
