El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) expresó su profunda indignación ante la propuesta del Gobierno Federal de aumentar la tasa impositiva sobre los ingresos brutos (GGR) provenientes de las apuestas en línea del 12 al 18 por ciento. En un comunicado emitido el lunes, el instituto calificó la medida de inaceptable, afirmando que inviabiliza la operación de muchas empresas que confiaron en el proceso regulatorio, genera inseguridad jurídica y podría resultar en una pérdida de ingresos.
A principios de 2025, 66 operadores pagaron 30 millones de reales cada uno por la concesión de cinco años, totalizando más de 2300 millones ya recaudados. Según el IBJR, dado que toda la planificación de estas empresas, también llamadas «apuestas», se estructuró con base en la tasa del 12 por ciento, un cambio a mitad del contrato comprometerá el equilibrio económico-financiero y socavará la confianza en el marco regulatorio brasileño.
“El sector continúa buscando el diálogo con el gobierno y el Congreso Nacional. De ser necesario, recurriremos a los tribunales para garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica”, afirma el texto.
El gobierno intenta aumentar los impuestos a las apuestas
La reacción del IBJR se produce tras el anuncio de que el gobierno pretende impulsar una nueva Medida Provisional (MP) para aumentar el impuesto sobre el GGR como forma de compensar la caída prevista en la recaudación del IOF.
La decisión se tomó en una reunión en la residencia oficial de la Presidencia de la Cámara, a la que asistieron el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, la ministra Gleisi Hoffmann, los presidentes de la Cámara y del Senado, Hugo Motta y Davi Alcolumbre, así como líderes de los partidos.
Según Haddad, la recaudación del nuevo IOF debería reducirse de 20 mil millones a 6 mil millones de reales. El aumento del GGR, junto con otras medidas, como la tributación del LCI y el LCA en un 5 por ciento, y un aumento de la CSLL de bancos y fintechs hasta un 20 por ciento, busca cerrar la cuenta para 2025.
El martes, Haddad se reunió con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, para obtener su aprobación final antes de avanzar con la medida, que, de aprobarse, tardaría hasta 120 días en entrar en vigor.
Para el IBJR y otras entidades del sector, la manera de aumentar los ingresos no pasa por aumentar la carga fiscal, sino por combatir el mercado ilegal.
