Chile: Presentan propuestas para incluir en la regulación del juego online mientras Dreams va contra los operadores no autorizados

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En representación del grupo de operadores Betsson, Coolbet, Betano, Latamwin y Estelarbet, el abogado Carlos Baeza presentó propuestas para añadir al debate sobre la regulación del juego online en Chile.

“La regulación es importante porque asegura estándares mínimos de operación. Yo represento a cinco compañías que están aunando esfuerzos para impulsar este proceso, pero somos competencia entre nosotros”, explicó Baeza sobre la propuesta, que busca eliminar el impuesto al usuario, establecer restricciones de juego e incluir licencias especiales.

Al mismo tiempo, desde Dreams se expresaron sobre la proliferación del juego online en el país, por lo cual volvieron a exigir a la autoridad del juego de Chile, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), que haya algún tipo de control para afrontar la competencia desleal.

En este sentido, sobre todo, Dreams cargó contra los establecimientos comerciales de distintos municipios que, de alguna forma, obtienen permisos de operación de máquinas tragamonedas, lo cual consideran ilegal.

En una entrevista con Radio Bío Bío, representantes del operador chileno cargaron contra “los espacios ilegales de apuestas, como máquinas tragamonedas y dudosos sitios en internet que generan ganancias jugosas sin tributar y sin que exista un real conocimiento del origen del dinero”.

En este marco, el fiscal y gerente de Asuntos Corporativos de Dreams, Carlos Silva Alliende, destacó la dificultad de “buscar acciones contra los casinos online”, ya que “son capitales extranjeros, que están generalmente en Malta y donde se desconoce un representante… No así los locales de máquinas tragamonedas, contra quienes se han querellado y esperan resolución de esas acciones legales”.

Por esta razón, exigieron que “el abogado que representa en Chile a estas casas de apuestas sea el que responda ante la Cámara de Diputados por estos temas”.

Por su parte, Baeza se ha mostrado proactivo en cuanto a negociar una regulación del juego online y de las apuestas deportivas en el país, como representante de los grupos operadores internacionales con más injerencia en Latinoamérica.

“Hoy, según información de la Superintendencia existen más de 900 sitios de oferta, pero esos 900 sitios no sabemos cuáles cumplen con la normativa y cuáles no. Nos gusta la competencia, pero queremos que sea en igualdad de condiciones”, enfatizó el abogado.

Dentro de las restricciones que proponen los operadores, bajo el proyecto presentado por Baeza, están los límites al juego para los apostadores, además de una lista de personas que podrían generar conflicto de interés al participar en las apuestas, como directores, representantes y jugadores de equipos deportivos de todo el país.

Regulación alternativa del juego online de Dreams

A comienzos de año, Silva Alliende y Juan Sebastián Ayra, gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), se presentaron ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para compartir su opinión sobre el proyecto regulatorio del juego online en el país.

Allí, propusieron realizar una “ley corta” que plantea una implementación inmediata de la regulación, a la vez que se avanza con una normativa más amplia para abordar completamente la temática. Según explicó, el proyecto “debe analizarse por tres ejes fundamentales: la urgencia por recaudar, la necesidad de crear un mercado legal, competitivo y eficiente, y la seguridad pública”. 

Desde Dreams, explicaron que al ritmo actual de debate —entre el tratamiento de la ley, su reglamentación, la licitación de licencias, la aprobación o rechazo de los postulantes y demás partes del proceso— faltaría “al menos un año” para que entre en vigor el mercado regulado, lo que iría contra la intención del mismo proyecto, ya que mientras su aprobación e implementación estén en trámite, los operadores internacionales que “no hay dudas que son ilegales” en el país seguirán recaudando. 

Además, cuestionaron que la propuesta actual no ponga límites a estas empresas, que “están recabando información de los chilenos en sus bases de datos” y, por tanto, tendrán una ventaja por sobre otros.