Jessica Saravia, directora de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra el ex director del regulador local y ex empleados públicos por corrupción. Según Saravia, hubo irregularidades a la hora de otorgar una licencia a la empresa de juegos Samtofraro Games & Games.
“Acabamos de presentar denuncia por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y cohecho pasivo contra el ex director de la AJ y ex servidores públicos de las direcciones nacionales de Fiscalización y Jurídica de la AJ, pues encontramos varias irregularidades que nos hacen presumir el favorecimiento a la empresa Samtofraro”, aclaró Saravia, según Red Uno.
Por otro lado, detalló que a la hora de otorgar la licencia, los ex empleados no monitorearon ni exigieron el cumplimiento de ciertos requisitos, ni revisaron la documentación presentada por la empresa, acorde a los procesos internos de la AJ.
Además, señaló al ex director del regulador local que, según un informe, presionó a los empleados para que se apruebe la licencia sin realizar los controles necesarios.
“Tal situación se comprueba, pues en un solo día (16 de octubre de 2020) se realiza el informe técnico, informe legal, emisión de resolución de otorgación de licencia para el funcionamiento de juegos de azar por ocho años y ese mismo día se hace la notificación a la empresa”, dijo.
Asimismo, Saravia comentó que ha reconocido acciones “dudosas” en relación al proceso y a la empresa que recibió la licencia. “También nos ha llamado mucho la atención que, por ejemplo, la ex directora de la Regional Santa Cruz, posesionada por Sergio Méndez Mendizabal, haya nombrado como jefe jurídico de esa regional al asesor legal de la empresa Samtofraro”, agregó.
Saravia había revocado la licencia de Samtofraro en enero por incumplimiento de normas y deudas el Estado. El permiso, que se había otorgado el 16 de octubre, “no cumplía con los requisitos establecidos por la norma, tenía como apoderada a una persona con procesos por el funcionamiento de casas de juego clandestinas y deudas al Estado de más de 300.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV)”.
La empresa también contaba con otro tipo de incumplimientos, incluyendo que han fijado locales de juego cercanos a instituciones educativas o que un socio miembro del directorio tiene actualmente deudas pendientes con el Estado de más de 42 mil bolivianos y 9.100 UFV.
