Xabier Rodríguez Maribona, CEO del grupo de apuestas Retabet, con presencia tanto en el negocio online como en la tienda física en España y Perú, analiza el decreto prohibitivo de publicidad del juego, que acaba de recibir luz verde de la Comisión Europea.
La nueva regulación de la publicidad del juego destapa varias paradojas. La primera y principal es que los políticos que propusieron la ley dicen que las loterías del Estado y el Grupo Social ONCE quedan fuera de las restricciones porque no tienen ánimo de lucro y no son juegos instantáneos. Lo curioso es que no teniendo ánimo de lucro llevan años generando un enorme lucro mientras que, de las 80 empresas privadas con ánimo de lucro, unas 70 están en pérdidas y no generan lucro. Bruselas parece que ha aprobado el texto, pero tarde o temprano cuestionará el trato de favor y/o el monopolio público del juego.
Lo que no acabo de entender es la relevancia que tiene o no el ánimo de lucro, si es una ley de comunicaciones que tiene como supuesto fin proteger de esas comunicaciones sobre juego a los menores y autoprohibidos. Entiendo que cuando alguien ve un anuncio de “la quiniela, la apuesta deportiva que te hace millonario” o de los “rascas de la ONCE” no sabe si esas empresas tienen lucro o no. Simplemente, les llega el mensaje.
Respecto a que no tienen juegos instantáneos, pues habría que abrir un debate sobre si comprar un boleto de lotería a las 7 p.m. para el sorteo de la noche o “los rascas de la ONCE” no son juegos instantáneos. Si el tema es cuestión de instantáneo o no, pues nuestras apuestas “pre-match” a resultado de partido de fin de semana son igual de no instantáneas que las de la Quiniela del Estado. Metamos entonces en la ley a las loterías del Estado y la ONCE y diferenciemos juegos instantáneos o no.
Curiosamente, hace pocos meses, el Gobierno francés privatizó gran parte del accionariado de Francaise des Jeux (FDJ) para dedicar el dinero de la venta a innovación e investigación. Entiendo que el Gobierno llegó a la conclusión de que gestionar el juego desde el Estado podría dejar de tener sentido si esa misma oferta podría hacerla la empresa privada. También puede que se hayan dado cuenta de que en cualquier momento Bruselas debería prohibir los monopolios del Estado en el juego. ¿Se podría pensar en la privatización de las loterías del Estado para destinar los fondos obtenidos a la reactivación económica o a la disminución de la deuda pública? ¿O, por ejemplo, a generar empresas de biotecnología o mejorar la sanidad? La pinta es que los vientos soplan en la otra dirección y se piensa más en hacer público el juego privado.
Las apuestas deportivas llevan en España décadas, pero se hacían en forma de Quinielas bajo loterías del Estado. Los controles en los establecimientos de loterías han sido nulos para proteger a menores y autoprohibidos. Una vez pregunté a un cargo público cuántas sanciones por juego de menores o autoprohibidos habían puesto a las loterías del Estado o la ONCE en los últimos 50 años. Supongo que el dato estará en algún sitio, o no, y es probable que refleje que en 50 años ningún menor o autoprohibido ha jugado a ningún juego de las loterías del Estado y de la ONCE. Ni siquiera a los “rascas rápidos que te hacen millonario al instante”, aunque no tengan como objeto generar lucro para la empresa que los vende.
La segunda paradoja es que las empresas de apuestas llevan años sufriendo el amarillismo de algunos medios de comunicación: periodistas que, en la mayoría de las ocasiones, no han contrastado informaciones del tipo “las casas de apuestas se ponen en los barrios pobres” o “los menores se abren cuentas online”. En el mundo de la inmediatez y de Twitter, sacar un periódico diario, en papel y que se publica cada 24 horas, supone tener que publicar noticias que llamen la atención. Lo entiendo. En el mundo online es todavía peor en ocasiones. Llevo 10 años en la empresa y solo me han llamado dos periodistas para contrastar información con el resultado de que no publicaron lo que iban a publicar por no ser cierto. Mis respetos a esos dos periodistas.
Había un dicho rural que indicaba: “No hables mal del caballo que un día querrás venderlo”. Y es exactamente lo que le ha pasado a la prensa generalista de España (incluso a la prensa sectorial) y de medio mundo. Sacar noticias malas sobre el juego y sin datos contrastados o con datos incorrectos va a tener un impacto directo en esos mismos medios y en sus empleados. Se van a quedar sin los ingresos de la publicidad. Provocan que la gente tenga una imagen distorsionada de la realidad y que muchos políticos voten leyes “por la alarma social”. Esta alarma social de página de “sucesos” hace que se voten leyes sin saber si el margen de las apuestas es el 80 por ciento o el 8 por ciento, o si el juego patológico es del 30 por ciento, del 3 por ciento o del 0,3 por ciento —que es la cifra real— y, seguramente, inferior a la de muchas patologías producidas por otras industrias.
La tercera paradoja es que, queriendo proteger al usuario, lo que consigue esta ley, que prohíbe de facto el 95 por ciento de la publicidad, es que las empresas “.com” de apuestas con sedes en paraísos fiscales y a las que es muy difícil de sancionar e imposible cobrarles, no tengan restricciones y cuenten con espacios más baratos para publicitarse, dado que se elimina la publicidad legal. Esas empresas no tienen licencia en España. No tienen nombres y apellidos, no tienen cuentas bancarias y si no pagan un premio, no tienen a nadie que coja el teléfono. Supongo que todo el mundo entenderá que nadie les va a decir que no acepten clientes sin verificar su DNI o que no acepten clientes autoprohibidos en las empresas legales controladas por el Estado. ¿Qué ventaja tendrá una empresa legal frente a una ilegal si la única con la que contaba es que se podía publicitar de forma legítima en medios de comunicación y equipos de fútbol? Lo que está claro es que pagar impuestos no es una ventaja frente a los ilegales, así que ya empezamos perdiendo frente a ellos.
La cuarta paradoja es que queriendo “proteger” al fútbol de las apuestas, se perderán los patrocinios de equipos deportivos y empleos en esos equipos. No podrán competir con los clubes de otros países que cuenten con estos ingresos. En deportes que no sean el fútbol, el panorama es peor todavía, porque equipos de baloncesto, balonmano u otros deportes minoritarios necesitan, como el comer, esos patrocinios. Algunos para pagar sus deudas con Hacienda, paradójicamente. Y de los amaños… ¿qué decir? Las empresas de apuestas somos las que sufrimos los amaños. Se apuesta contra la casa y cuando alguien amaña, sabe algo que no saben los demás y lo utiliza para ganarnos dinero. El big data que usamos lo que hace es identificar perfectamente los amaños y hacer que el deporte sea más limpio. Porque amaños ha habido siempre, lo que hace falta es detectarlos, y nosotros ayudamos a hacerlo.
La quinta paradoja se puede producir en los Gobiernos autonómicos que piensen que restringir el juego es la vía del futuro. Si en España los Gobiernos autonómicos ponen problemas al juego privado (presencial y online), lo que estarán consiguiendo de facto es hacer quebrar a las empresas con sedes en sus Comunidades Autónomas, que dan empleo y generan impuestos allí para que las grandes multinacionales de juego online (legales e ilegales) con sedes fuera de sus CC.AA. se hagan con el negocio. Regulando de forma autonómica conseguirán, de facto, devolver las competencias de juego al Estado, pues no tendrán nadie a quien regular.
¡Vamos a regular para que apostar sea más caro, como pasó con el tabaco…! Pues la gente acaba apostando en .com ilegales porque venden exactamente lo mismo y más barato, y comprando el tabaco que entra por los puertos.
La nueva ley de juego va a provocar la pérdida de miles empleos. En las empresas, en servicios a las compañías, en departamentos comerciales de los medios de comunicación, periodistas, empleados de equipos de fútbol de los que no se conocen sus nombres, empresas de marketing, etcétera…
Y esta es la última paradoja: hacer desaparecer el juego legal imponiendo restricciones o cargas fiscales inasumibles haría que se perdieran los empleos de los propios reguladores de juego y de los empleados públicos de Hacienda que recaudan los impuestos. Lo que igual aumenta es el número necesario de policías e investigadores. Los que tengan que perseguir a la gente que no tiene problemas en ofrecer juego sin licencia en paraísos fiscales.
Regulemos, cuidemos, protejamos, pero hagámoslo desde una relación de consenso con el empresariado y contando con expertos en salud, economía y educación. Se generan muchos impuestos para que en vez de prohibir, se puedan destinar esos recursos a formar, educar y proteger a los usuarios, que en todo tipo de productos tienen un comportamiento patológico. El juego es ocio. Debe ser sostenible y razonable, como todo en la vida. Pero no debe prohibirse. Prohibir es la solución fácil, pero no la realista ni la óptima. Ni somos tontos ni necesitamos que nadie nos prohíba las cosas para no tener excesos.
Y cuando se habla de que afecta a clases sociales bajas, me da la sensación de que se piensa que esas clases sociales con menos recursos económicos necesitan de alguien que les ayude a pensar. Yo creo que alguien con poca renta tiene la misma capacidad intelectual que alguien con mucha renta. Igual, la diferencia de renta viene de la educación, donde has tenido la suerte de nacer, las oportunidades, el esfuerzo, el trabajo, el entorno, la familia, etcétera. Así que la solución es educar.
