El Gobierno del Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, decidió vetar el proyecto de ley aprobado por el Congreso el 12 de junio, que proponía modificar el sistema tributario aplicado a las casas de apuestas online.
La norma, que había conseguido 96 votos a favor y ninguno en contra, buscaba “corregir las distorsiones generadas por el Decreto Legislativo 1644”, que introdujo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para los “operadores no domiciliados” (internacionales), aplicando una tasa del 1 por ciento incluso sobre apuestas hechas con bonos promocionales. Cabe destacar que desde la entrada en vigor del impuesto, se había decidido comenzar a aplicarlo con una tasa del 0,3 por ciento hasta el 30 de junio.
Por su parte, esta semana, la presidenta Dina Boluarte vetó la nueva norma que buscaba eliminar el impuesto, argumentando que provocaría un “grave perjuicio fiscal” y debilitaría las capacidades regulatorias sobre la industria del juego.
En el documento que ya fue presentado nuevamente al Congreso, el Ejecutivo expresó su preocupación porque la nueva redacción debilitaría la recaudación del ISC, ya que reduce la base imponible al considerar solo las “apuestas en dinero”, es decir, sin contar los bonos promocionales.
Además, según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de no ajustarse también la tasa, la modificación implicaría una pérdida de hasta el 95 por ciento en la carga tributaria de las plataformas domiciliadas, reduciendo el potencial de recaudación desde 284 millones de soles anuales a 14 o 28 millones de soles.
Por otro lado, la medida también elimina la capacidad de la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) para exigir el pago del impuesto a plataformas no domiciliadas y elimina la facultad del Ejecutivo para modificar las tasas del ISC, al derogar los márgenes mínimos y máximos previstos por ley.
“El cambio de base imponible sin ajuste de tasa reduciría la recaudación a solo entre 5 y 10 por ciento del potencial actual”, alertó el MEF, que también sostuvo que suprimir la capacidad del Estado para ajustar las tasas compromete la “capacidad de reacción ante cambios en el consumo y las externalidades negativas vinculadas a este tipo de actividades”.
Argumentos del Congreso de Perú en contra del ISC
Desde el Congreso, en cambio, se argumentó que el proyecto buscaba justamente corregir los efectos de un decreto “inconstitucional” que generaba un trato desigual entre operadores domiciliados y no domiciliados.
Así lo expresó el abogado constitucionalista Carlos Fonseca Sarmiento, quien señaló que “el ISC creado por el Decreto Legislativo 1644 carecía de una expresión genuina de capacidad contributiva y generaba un trato desigual”, ya que aplicaba el 1 por ciento incluso sobre montos promocionales, afectando únicamente a operadores del exterior.
Según Fonseca, el veto presidencial se enmarca más en una narrativa emocional que a un análisis técnico: “En lugar de fortalecer la regulación y fomentar el cumplimiento, este veto transmite el mensaje de que la imposición excesiva de impuestos es más importante que una política sólida”.
Por su parte, el documento de observación enviado por el Ejecutivo también cita un estudio del Ministerio de Salud, según el cual el 32 por ciento de los casos de juego problemático afectan a adolescentes. Aunque ese informe no fue publicado, el Gobierno sostiene que la ley del Congreso podría debilitar los controles frente a este tipo de daños.
Para el abogado, en cambio, el problema real no reside en las plataformas reguladas, que aplican protocolos KYC, sino en los operadores ilegales, que no serían alcanzados por la norma. “Los impuestos irracionales solo alimentan el mercado negro”, advirtió.
Ahora el Congreso debe decidir si insiste con el texto aprobado —que requiere mayoría calificada—, si lo modifica parcialmente o si archiva el proyecto. Mientras tanto, el debate ha puesto de relieve la dificultad de establecer un marco tributario equilibrado que sea justo con los operadores, eficaz en la recaudación y funcional como herramienta regulatoria.
Marcha atrás con la tipificación de amaños deportivos
Por otro lado, la norma también incorporaba cambios en materia penal, al proponer que la manipulación de resultados deportivos se incorpore como delito específico.
La parlamentaria Noelia Herrera defendió este punto afirmando que la ley ayudaría a “reducir la ilegalidad y el crimen organizado”. Sin embargo, el Ejecutivo observó también este artículo al considerar que el tipo penal propuesto no encaja en la categoría de delito informático.
Según el análisis del Gobierno, si bien se hace mención al uso de tecnologías, la conducta descrita como intimidar o amenazar a un sujeto vinculado a una competición para alterar su resultado, no se dirige contra sistemas informáticos en sí, y por lo tanto debería tener otro encuadre legal.
