El nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro comandó a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que intensifique los controles a la industria del juego, bajo la nueva ola de reformas políticas y tributarias que apuntan a un nuevo marco económico en el país.
Así, desde DIAN establecieron un día de control entero para cada municipio colombiano, donde se centrarán en registrar que las empresas del juego tanto presencial como online “cumplan con la legislación vigente, sean transparentes con su información de facturación, declaración impositiva y transacciones de pago”.
Además, advirtieron que ya se ha encontrado “un universo de contribuyentes a nivel nacional que presentan graves incumplimientos en los pagos y obligaciones”, según compartieron al diario local Vanguardia.
Siguiendo esta línea, aquellas empresas que se encuentren operando por fuera de las normativas serán informadas sobre los pasos a seguir para ponerse al día.
De todas formas, desde la autoridad del juego nacional Coljuegos, explicaron que “Colombia data de ser uno de los países con mayor rigurosidad en los controles del juego regulado”, considerando que es el ejemplo a seguir en toda la región gracias a su regulación y su modernización iniciada con el lanzamiento del primer mercado regulado de juego online y apuestas deportivas desde 2016 en todo Latinoamérica.
Petro propone más impuestos a la industria
Tras su asunción, Petro dio comienzo a sus promesas electorales al presentar una reforma tributaria con el fin de aumentar los ingresos estatales y “avanzar en materia de progresividad, equidad, justicia, simplicidad y eficiencia”.
La propuesta presentada ante el Congreso Nacional contempla un 20 por ciento de impuesto por ganancia ocasional para todos los que realizan apuestas deportivas. Además, se añadiría un impuesto de renta de 35 por ciento inmediato para todas las empresas y un impuesto a usuarios de zonas francas a libre decreto del gobierno.
Estos tres puntos son los que generaron mayor controversia, por el momento, pero se espera que la reforma tributaria provoque un largo debate en todo el país.
“La reforma incluye una serie de medidas para combatir la evasión y la elusión de impuestos. Hacia el mediano plazo, la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la lucha contra la evasión, contribuirá para obtener gradualmente recursos totales equivalentes a 50 billones —3,4 por ciento del PIB nacional— por año”, anuncia la propuesta.
Así, el objetivo del gobierno es el recaudo de 25 billones de pesos para 2023 y “avanzar fundamentalmente en dos dimensiones. Primero, en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria. Segundo, en lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social”.
Mientras tanto, Diana Patricia López Echeverri, directora ejecutiva de Fenalco Quindío, respondió que el proyecto contempla 69 artículos que deben ser revisados “de manera minuciosa”.
Según explicaron, el proyecto podría afectar a los trabajadores asalariados y pequeños contribuyentes.
“Podríamos decir que recae muy fuerte sobre los empresarios, por los temas de dividendos, ganancias ocasionales y otra serie de tributos, pero también sobre los trabajadores asalariados. Hay que revisar el proyecto de ley y no podemos desestimular el ahorro y la capacidad de inversión de los colombianos, porque esto afectaría el consumo y la economía en general de los sectores productivos”, dijo.
A su vez, Damián Pérez Arroyave, especialista en gerencia financiera y magíster en gestión pública, habló con Crónica del Quindío, detalló que se suma el “impuesto a ganancia ocasional sobre venta de propiedades, que afecta a todo el que tenga una casa, apartamento, que se le valoriza y hoy quiera vender, pero también a futuro constructores y trabajadores del gremio de la construcción”.
Además, un “impuesto a la venta en tiendas pequeñas, peluquerías, similares del 2 por ciento de los ingresos, así el negocio no dé utilidad. Pero si vende más de 20 millones —promedio de venta de una tienda en Medellín es de 24 millones— debe pagar el 2.8 por ciento, para mayor claridad más de 500.000 al mes, lo que podría acabar con las tradicionales tiendas de barrio”, remarcó.
