Piden anular la licencia de Hard Rock en Tarragona

La entidad Aturem BCN World y el grupo ecologista Gepec han presentado una denuncia por irregularidades en el proceso mediante el cual el Govern le otorgó una licencia de casino a Hard Rock en España, y por el incumplimiento de las pautas originales que se habían establecido para la compra-venta de los terrenos.

La denuncia, presentada ante la fiscalía provincial de Tarragona, llega meses después de que las mismas entidades pidieran que se revoque la autorización inicial de casino a Hard Rock, bajo el argumento de que la empresa internacional no había presentado los documentos necesarios para adjudicarse el permiso. Además, dijeron que el Departamento de Economía no ha respondido a ese pedido.

A principio de mes, se dio a conocer la noticia de que Incasòl, la empresa involucrada en la compra-venta de los terrenos donde estará el casino, invertirá parte de los 120 millones de euros necesarios para ejecutar la operación, pero que no recuperará automáticamente la inversión, tal como había sido establecido en los planes del proyecto.

Aturem BCN World y Gepec argumentan que al gigante internacional le venció el plazo para adquirir los terrenos, y que el hecho de que Incasòl esté involucrada y que la operación de venta no sea automática es prueba de que Hard Rock no es quien realmente los está comprando.

Según el Diari de Tarragona, las prórrogas otorgadas al operador “vulneran los plazos previstos por la ley y disposiciones de régimen administrativo” y “pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación”.

Asimismo, Marta Vilalta, portavoz y secretaria adjunta del partido Esquerra Republicana de Catalunya, recientemente argumentó que no pueden utilizarse inversiones públicas para una operación de este tipo, ya que, mediante una votación, el Parlament de Cataluña dispuso que el proyecto no puede recibir dinero de las arcas públicas.

“Ya hemos pedido las explicaciones pertinentes, también las pediremos en el marco de la cámara parlamentaria y dentro del propio Govern, porque seremos muy contundentes: ni un euro público puede ir a este proyecto”, había dicho Vilalta.