Podrían compensar a los municipios chilenos que dejaron de percibir impuestos de los casinos

Henry Campos, el alcalde de la ciudad de Talcahuano, en Chile, se reunió esta semana con el ministro del Interior Víctor Pérez, para proponer que los municipios que dejaron de percibir ingresos por los impuestos a los casinos reciban una compensación.

De acuerdo al medio local Bio Bio Chile, Campos dijo que los ingresos ya habían disminuido en octubre de 2019 por la crisis social en el país, aunque la emergencia sanitaria empeoró la situación de los municipios, por lo que están buscando una compensación de parte del Gobierno.

“Los ingresos por los impuestos a los casinos son permanentes de la municipalidad y además influyen directamente en el fondo común municipal que ingresa a la comuna, y frente a ello hemos planteado una preocupación adicional frente a estos ingresos que hemos dejado de percibir. Esperamos que el Gobierno aplique una compensación distinta”, dijo.

La comuna de Talcahuano percibe el 9 por ciento de los ingresos por los impuestos a los casinos. Para 2020, preveían más de 3.400 millones de pesos chilenos, aunque hasta septiembre solo han registrado 1.321 millones.

Asimismo, Campos criticó el proceso de licitación de los casinos, que fue temporalmente suspendido por 90 días por la Superintendencia de Casinos de Juego a principio de mes. El alcalde dijo que “llevar a cabo la licitación de forma en que hoy se está planteando pone en serio riesgo la posibilidad de que los casinos puedan permanecer en las comunas donde ya están establecidos”.

Y agregó: “Cuando se licitaron, tenían la posibilidad de renovación automática. Es decir, las proyecciones municipales con esos fondos están fijadas, por lo menos, a 30 años”.

El 27 de julio, la SCJ anunció la apertura del proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación de casinos, que quedarán disponibles entre el 29 de julio de 2023 y el 14 de mayo de 2024. Por su parte, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) informó que los operadores tomarán acciones legales contra el Estado de Chile, ya que consideran que el proceso de licitación viola las normativas acordadas previamente.