El decreto que regularía las apuestas deportivas en Brasil sigue demorado, luego de que el presidente Jair Bolsonaro pusiera un freno a los avances en la materia.
Según O Globo, el mandatario mantuvo una reunión con el legislador conservador Marco Feliciano, que resultó en una mayor espera para la reglamentación de la industria.
Brasil tendrá elecciones presidenciales en octubre y el principal candidato opositor, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera las encuestas y hasta podría superar el 50 por ciento, cantidad necesaria para imponerse en primera vuelta.
Ante ese escenario, Bolsonaro busca retener el voto de los sectores evangélicos, por lo que ha reforzado su postura contra agendas como la LGBTIQ+ o el sector del juego y las apuestas.
En esa misma línea, el diputado Feliciano manifestó su temor de que el decreto de las apuestas deportivas trajera consigo la legalización de otras verticales en el futuro, por lo que el presidente determinó demorar su presentación, en un evidente intento por mantener el apoyo de su bancada.
Según información publicada por el portal Games Magazine Brasil, el borrador del decreto establece que no habrá un límite de operadores en el mercado y el Ministerio de Economía estará a cargo de las autorizaciones y fiscalizaciones.
Asimismo, informaron que la tasa de autorización para los operadores será de 22,2 millones de reales (4,5 millones de dólares) y tendrá cada licencia una validez de cinco años. El decreto establece que el modelo a adoptar es el de autorización, en el cual la empresa deberá presentar la solicitud de operación junto con los documentos requeridos.
Por otro lado, las empresas operadoras deberán demostrar residencia en Brasil y al menos cuatro empleados deben ser designados para administrar el negocio en el país. En este sentido, las compañías que actualmente están en operación tendrán seis meses para adaptarse a las nuevas disposiciones.
El ente regulador tendrá 30 días para revisar la documentación y notificar al interesado para que presente los documentos definitivos. Dentro de los 60 días, el regulador debe completar el análisis sobre la concesión de la solicitud.
