El pasado 7 de septiembre, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar un nuevo impuesto al juego online. En este caso, se trata de una retención del 2 por ciento sobre los premios obtenidos en los “juegos de resolución inmediata” (slots o tragamonedas digitales), con el objetivo de destinar los fondos a programas de salud, educación, desarrollo social y acciones contra el juego problemático, según informaron desde Diputados Bonaerenses.
Sin embargo, la resolución establecida por la administración de Axel Kicillof (gobernador de la provincia) trajo cuestionamientos por parte de los bloques opositores. Los cuales ponen en duda la capacidad real del ente regulador para cobrar este nuevo tributo de manera efectiva a las plataformas habilitadas en el territorio provincial.
Provincia de Buenos Aires: cuestionamientos al impuesto del 2 por ciento sobre el juego online
Si bien en el anuncio oficial se indicó que la medida generará ingresos millonarios, desde la oposición señalaron que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPlyC), organismo que encabeza Gonzalo Atanasof, no cuenta con las herramientas necesarias para garantizar el cobro. Principalmente, advirtieron sobre una contradicción, ya que el propio organismo viene de suspender la aplicación de una retención similar dirigida a las salas de juego físico.
Frente a este escenario, el senador Sergio Vargas y su bloque ingresaron una solicitud formal de informes en la Cámara alta bonaerense para exigir que Atanasof detalle “por escrito y a la brevedad” los motivos de dicha suspensión y amplíe la información sobre el funcionamiento del nuevo gravamen digital.
Dentro de los pedidos dirigidos al Ejecutivo provincial, la oposición reclama la presentación de certificaciones técnicas que respalden la medida y de informes de homologación de software que acrediten que las plataformas de juego online están verdaderamente capacitadas para aplicar y retener esta nueva tributación.
Al respecto, desde el bloque opositor señalaron: “Esto contrasta de manera directa con la rigurosidad y obligatoriedad inmediata exigida a las plataformas de juego en línea. Esta divergencia regulatoria no solo introduce un doble estándar de dudosa constitucionalidad que distorsiona el mercado, sino que podría estar configurando una severa desfinanciación de los recursos públicos provinciales”.
Entre los puntos adicionales solicitados al Gobierno de la Provincia tras el lanzamiento de la normativa, se encuentran:
- Un informe detallado de las auditorías de sistemas realizadas para asegurar que el mecanismo de retención no genere “distorsiones tecnológicas ni saldos de opacidad” en el registro del identificador (ID) del usuario, la hora y la fecha de cada transacción.
- La justificación por parte del IPLyC de los criterios técnicos y fiscales que motivaron la elección de un sistema de fiscalización basado en declaraciones juradas semanales, en lugar de implementar una auditoría “digital activa y en tiempo real”.
- La precisión exacta acerca del régimen de sanciones previsto para las empresas licenciatarias en caso de detectarse inconsistencias, omisiones, retrasos o falsedades en las declaraciones presentadas.
