Mientras el mercado regulado de apuestas en Brasil aguarda la decisión del ministro Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF), sobre la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026, Carlos Lima, presidente del Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR), afirmó que el sector no debería volver a ser como era antes.
Esta semana, los operadores autorizados en el país perdieron sus licencias a raíz de dicha medida provisional. En una entrevista con el diario Folha de S. Paulo, el ejecutivo reiteró la expectativa de que el ministro suspenda la medida en los próximos días.
Lima expresó su preocupación por las consecuencias de la anulación de las licencias: “Cuanto más tiempo se tarda en conceder la medida cautelar, más aumentan los efectos negativos de la prohibición, como los despidos”.
El periódico también informó que profesionales del sector, consultados bajo condición de anonimato, afirmaron que la medida provisional (MP) generó desconfianza entre los inversores, quienes podrían no regresar al mercado incluso si la medida fuera revertida. Aún no se sabe cuántas empresas han abandonado Brasil definitivamente.
“Algunas empresas redujeron drásticamente su fuerza laboral en Brasil. Despidieron a prácticamente toda su plantilla y mantuvieron solo la estructura básica necesaria para que la empresa siga operando legalmente —al menos de forma mínima— en el país; es decir, los departamentos jurídico y de cumplimiento, mientras que áreas como la atención al consumidor, por ejemplo, fueron eliminadas”, comentó Lima.
Y añadió: “Es difícil precisar cuántas y qué empresas no podrán volver a operar. Pero las empresas pequeñas, que no cuentan con el respaldo o el soporte de grandes grupos, tal vez no tengan la capacidad necesaria para permanecer en Brasil. Creo que el sector no volverá a ser lo que era antes”.
Los siguientes pasos de IBJR
Folha de S. Paulo se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda al respecto. Así, la cartera afirmó que “la extinción de las autorizaciones no exime a los operadores de cumplir con las exigencias restantes, cuyo plazo vence el 15 de diciembre de 2026”, fecha límite para el cumplimiento de las obligaciones regulatorias establecidas en la Ordenanza SPA/MF n.º 3.005/2026.
“Aunque algunos piensen que la prohibición podría haber sido algo positivo, prohibir no equivale a proteger. De hecho, con la prohibición, las personas han quedado más expuestas a estafas perpetradas por plataformas clandestinas”, señaló Lima.
El ejecutivo subrayó que el IBJR es apartidista y que el sector siempre ha estado abierto al diálogo con el Gobierno Federal para mejorar la regulación en ámbitos como la publicidad y la protección al consumidor. Asimismo, destacó la necesidad de implementar medidas más eficaces contra las plataformas que promocionan apuestas ilegales.
