En esta nueva edición de la columna Rincón Jurídico, Tiago Gomes, socio de Souto Correa Advogados y líder del área de Juegos y Apuestas del despacho, analizó la Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026, que prohíbe las apuestas de cuota fija en Brasil.
En el artículo «¿Cuánto vale la firma del Estado?», Gomes explora la inseguridad jurídica provocada por la prohibición abrupta de las apuestas y cómo la decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva puede afectar a otras inversiones en el país.
Rincón Jurídico: ¿Cuánto vale la firma del Estado?
El viernes 25 de septiembre, en una edición extraordinaria del Diario Oficial, el Estado brasileño extinguió mediante una medida provisional un mercado que él mismo había creado dos años antes. La Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026 pone fin a las apuestas de cuota fija. Sin embargo, el punto que debería preocupar a quien nunca ha apostado ni un centavo se encuentra en el párrafo único de su artículo 4.º.
Allí se establece que la extinción de las autorizaciones «deriva de un motivo de interés público» y que, por ello, no genera derecho a indemnización ni a la devolución, total o parcial, del importe pagado por la licencia. Se otorgaron 85 licencias, a 30 millones de reales cada una: 2550 millones de reales recaudados por el Tesoro. El Estado vendió la licencia, se embolsó el precio y ahora la retira avisando que no debe devolver el dinero.
La pregunta que queda en el aire no trata sobre las apuestas. Trata sobre cuánto vale la firma del Estado brasileño.
Observemos la simetría. En 2023, el propio gobierno emitió una medida provisional para crear el mercado regulado bajo el argumento expreso de interés público: formalizar la actividad, recaudar y proteger al apostador. En 2026, se invoca exactamente el mismo interés público para hacer lo contrario y, además, para declararse exento de pagar por ello. Cuando la misma fórmula justifica una cosa y su opuesta, y encima anula la propia factura, el interés público deja de ser un límite al poder: se convierte en un cheque en blanco.
Es preciso ser justos con la otra parte. El Estado puede revisar las autorizaciones; estas conllevan cierto grado de precariedad; y nadie serio minimiza los daños de la adicción al juego. Nada de esto está en discusión.
Lo que se debate es otra cosa. No se trataba de autorizaciones gratuitas, revocables según el capricho del momento. Eran onerosas, con un plazo fijo de cinco años, pagadas a precio de oro y condicionadas a inversiones en tecnología y cumplimiento normativo exigidas por el propio regulador. Romper ese vínculo y decretar, mediante una norma, que no se debe nada no es discrecionalidad administrativa: es confiscación con apariencia de ley. Es un enriquecimiento sin causa por parte del Estado. Es reducir a mera ingenuidad la confianza legítima, ese principio según el cual el ciudadano puede creer en lo que el poder público le promete.
Y aquí es donde el problema trasciende el ámbito de las apuestas. Piense en cualquier sector que solo existe mediante autorización, concesión u otorgamiento estatal: energía, telecomunicaciones, puertos, minería, aviación, salud. Todos acaban de presenciar una demostración de que la palabra empeñada del Estado vale solo mientras le conviene a quien la empeñó, y de que el “interés público”, alegado en abstracto, basta para recuperar lo que se vendió sin tener que pagar factura alguna.
Ningún mercado ignora este mensaje. Quien empieza a valorar el riesgo de que su licencia sea extinguida sin indemnización cobra más caro por permanecer en el sector. O simplemente no se queda. Así es como la inseguridad jurídica se convierte en coste de capital, y el coste de capital se transforma en riesgo país. Y la factura de ese riesgo no la paga el gobierno que lo creó: la paga el país que necesita inversión para crecer.
Es como vender la entrada, verificarla en la puerta y, a mitad del espectáculo, apagar las luces en nombre del bien común, quedándose con el dinero y negando el reembolso. Una vez hecho esto, con respaldo legal, nadie vuelve a comprar entradas al precio anterior.
Por eso, el problema no es lo que cada uno piense sobre las apuestas. Es la fórmula. Las casas de apuestas son el detonante, no el tema: una norma que se declara, de antemano, inmune a tener que indemnizar no protege el interés público. Protege a quien la firmó de tener que responder algún día por lo que firmó.
