Dando fin a la edición especial de 2020, Karen Marcela Sierra-Hughes, vicepresidenta para LatAm y el Caribe de Gaming Laboratories International (GLI), revisa paso a paso el desarrollo de la industria de panameña y revela cuáles son las oportunidades de negocios en el mercado.
El objetivo de este artículo no es el de plasmar opiniones extensas acerca de la industria del juego de Panamá, sino más bien, brindar la mayor información y datos posibles que generen interés en la jurisdicción y en las oportunidades que ofrece actualmente el país.
La industria del juego de Panamá, que originalmente fue operada por el gobierno nacional, pasó a ser objeto de licitación pública en el año 1997. Esta decisión dio lugar a una industria del juego pujante, que tuvo un crecimiento sostenido, colocando al país como una de las jurisdicciones más importantes del juego presencial de Latinoamérica.
La oferta de juego fue amplia, ya que contó con la participación de multiplicidad de proveedores de todas las regiones del mundo. La legislación de esta nueva industria se basó en las progresistas regulaciones del Estado de Nevada, tomando conceptos como la composición interdisciplinaria de la nueva entidad reguladora denominada Junta de Control de Juegos (JCJ) de Panamá.
Asimismo, la legislación introdujo regulaciones de juego innovadoras en la región, como lo fueron los reglamentos de operación de máquinas tipo B, casinos completos, salas de máquinas tragamonedas tipo A y de bingo, agencias de apuestas deportivas e hipódromos. También se establecieron los procesos de auditoría, controles internos mínimos y medidas para la prevención de lavado de dinero para todas las verticales de juego reguladas. En este sentido, fue también una de las primeras jurisdicciones en LatAm en introducir el proceso de certificación y homologación de máquinas y juegos, y donde hemos estado trabajando como laboratorio de certificación desde el año 2004.
En cuanto a las agencias de apuestas de eventos deportivos, la JCJ promulgó en el año 2016 una actualización a la regulación que originalmente fue emitida en 1999, a fin de permitir la captación de apuestas a eventos deportivos por internet, siempre y cuando la apertura de la cuenta del jugador sea realizada en la agencia de apuestas de forma presencial. Importantes operadores internacionales aprovecharon esta oportunidad para incursionar en el mercado panameño y se encuentran actualmente activos en la jurisdicción.
En el año 2002 se reglamentó la modalidad de juego online, con una gran limitante: se prohibió que los operadores pudieran tomar apuestas de personas residentes en el país. Por este y otros motivos relacionados con la supervisión, control y tributación, la JCJ promulgó una renovada regulación para el desarrollo de la industria del juego online en marzo del 2020.
Este nuevo marco regulatorio se ajusta a los modelos de mercados globales con relación a los procesos de autorización, licenciamiento, auditoría, supervisión y certificación, incluyendo estándares técnicos basados en los estándares GLI, e importantes requerimientos relacionados con el juego responsable y prevención de lavado de dinero. Tuvimos el honor de colaborar con la JCJ en la revisión de la regulación en lo relacionado a los requerimientos técnicos con el objetivo de alinearla a los requerimientos comunes de la industria internacional, lo que beneficia así la entrada de la mayor multiplicidad y diversidad de operadores, proveedores y tecnología.
A diferencia de algunas jurisdicciones de Latinoamérica, la regulación panameña permite la operación del juego online sin estar condicionada a una licencia de juego presencial, con cantidad ilimitada de operadores a ser autorizados.
En cuanto a la diversidad de juegos permitidos, es de las más amplias de la región, excluyendo únicamente la operación de juegos de lotería, apuestas hípicas, apuestas a elecciones a cargos públicos tanto nacionales como internacionales y deportes amateurs. Es importante señalar también las posibilidades que esta regulación da, al permitir acuerdos para que las salas de juego presencial sirvan como centros de carga y pago de créditos, lo cual permitirá el acceso a la oferta de juego a la población no bancarizada, disminuyendo así las posibilidades de proliferación del juego ilegal online. Esto funciona como opción adicional a los medios de pago tradicionales del comercio electrónico autorizados por la entidad de supervisión financiera del país.
En cuanto a la legalidad o no de las operaciones offshore, la misma regulación señala de manera clara que es ilegal la oferta, publicidad y captación de apuestas online dentro del territorio nacional de operadores que no cuenten con licencia emitida por la JCJ, para lo cual el regulador ya ha realizado los acuerdos con las entidades gubernamentales con competencia para el bloqueo de estas páginas, a fin de ordenar el cese de estas operaciones.
La regulación establece también que el operador deberá establecer sus oficinas y centro de llamadas en Panamá. No existe restricción en cuanto a la ubicación de los servidores de la operación, tampoco sobre la nacionalidad o residencia de los jugadores siempre que se encuentren en el territorio nacional al momento de realizar la apuesta, y permite la operación de hasta 5 licencias para operar diferentes dominios bajo un mismo contrato. Una de las condiciones es que, una vez emitida la licencia de juego, el operador tendrá un máximo de tres meses para iniciar operaciones.
En cuanto al impuesto y pagos al gobierno, los mismos han tenido buena aceptación por parte de la industria considerándolos viables para el éxito del negocio. El impuesto es del 10 por ciento sobre los ingresos brutos, con un pago único denominado Derecho de Llave de 50.000 dólares por cada licencia solicitada, fianza de cumplimiento del contrato de 500.000 dólares y fianza para garantizar el pago de premios de 100.000 dólares.
Panamá cuenta con una penetración de internet de alrededor del 70 por ciento, un porcentaje de bancarización de la población de aproximadamente el 50 por ciento, un PIB de alrededor de 70 mil millones de dólares y un PIB per cápita de más de 15.000 dólares. Con 4.1 millones de habitantes, el monto aproximado de GGR es de 400 millones de dólares al año, lo cual demuestra el potencial del mercado.
Es además una jurisdicción de relevante importancia estratégica, ya que cuenta actualmente con operadores internacionales con presencia en varios países de Latinoamérica y, por otro lado, con operadores locales que podrían buscar alianzas para potenciar sus operaciones presenciales y entrar al mundo online.
La JCJ, encabezada por su Secretario Ejecutivo, Manuel Sánchez Ortega, ha redoblado esfuerzos para difundir las condiciones establecidas por su administración para la nueva industria del juego online, la cual también representa una importante oportunidad de recuperación para la industria presencial del país, que se ha visto inmensamente afectada por los efectos económicos de la pandemia.
Panamá se suma así al movimiento de regulación de juego online que experimenta hoy Latinoamérica y esperamos con positivismo el desenvolvimiento exitoso de este nuevo mercado regulado en nuestra región.
