La Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (ANESAR) de España reclamó a las autoridades nacionales que se someta a los establecimientos de juego público a los mismos controles de acceso que deben cumplir las empresas privadas.
El pedido fue compartido en su sitio web y elevado al gobierno a través de una alegación al proyecto de resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), por la que se establecen requisitos para la comercialización de juegos de loterías por entidades colaboradoras en la comercialización de estos productos y por páginas web, aplicaciones u otros canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos de los puntos de venta que forman parte de la red externa de los operadores habilitados.
Según el comunicado compartido por la asociación en su sitio web, el presidente de ANESAR, José Vall, enfatizó sobre la “gran relevancia” que adquiere “la declaración y reconocimiento expreso de los efectos perniciosos que los juegos reservados (juegos de gestión pública y los de la ONCE) pueden provocar en las personas”.
En ese mismo sentido, Vall apunta sobre la obligación de predicar “exactamente igual” la (justificada) toma en conciencia de los efectos perjudiciales “de algunas personas con el juego”, independientemente de sus titulares (sean empresas privadas o estatales).
“Reclamamos que todos los puntos de venta físicos de los operadores públicos SELAE y ONCE cuenten con idénticos controles de acceso con que ya cuentan los establecimientos de juego de titularidad privada, de tal manera que se deba comprobar siempre y previo al acceso al juego la edad de los participantes y su no inclusión en los registros de interdicción de acceso al juego”, manifestó la asociación.
El mensaje sigue la línea de los cuestionamientos de distintas organizaciones y compañías privadas que denuncian una asimetría entre las reglas del juego para la oferta controlada por el estado con respecto a las que deben cumplir las empresas. Por eso, desde ANESAR aseguraron que “resulta necesario establecer un sistema de inspección para su comprobación, así como que el incumplimiento de estas obligaciones conlleve las mismas consecuencias para los titulares de establecimientos de gestión privada”.
