Daniel Noboa, presidente de Ecuador, anunció que el próximo 14 de diciembre se podría realizar una consulta popular para que los ciudadanos del país decidan sobre siete temas clave, entre los cuales se incluyen reformas en seguridad, empleo, estructuras políticas y hasta la reapertura de casinos presenciales.
A través de su cuenta de la red social X (ex Twitter), el mandatario presentó las siete preguntas y, en la última, indaga sobre la idea de reabrir salas de juego en hoteles de cinco estrellas. Estos pagarían un tributo del 25 por ciento de sus ventas al Estado. La iniciativa busca impulsar el turismo y generar ingresos fiscales. Sin embargo, críticos advierten sobre riesgos de juego problemático y lavado de activos.
Desafíos pendientes
El proceso enfrenta retos logísticos y legales. El Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar la consulta tras la aprobación de las preguntas. Luego, dispone de 60 días para ejecutarla. La Corte Constitucional debe validar las reformas propuestas. Además, el costo económico genera debate.
Noboa, quien asumió la presidencia en noviembre de 2023, apuesta por la consulta popular para fortalecer su gestión. Con elecciones previstas para febrero de 2026, el referéndum será clave para medir su apoyo popular. Los ecuatorianos decidirán sobre un futuro con cambios estructurales.
El contexto político de la consulta popular también es complejo. Noboa enfrenta oposición en la Asamblea, especialmente del partido Revolución Ciudadana, que controla el 38 por ciento de los escaños. La consulta de 2024, con nueve preguntas aprobadas, mostró apoyo a medidas de seguridad, pero el rechazo a reformas laborales. La participación fue del 72 por ciento, aunque el ausentismo alcanzó el 30 por ciento.
Es la segunda vez que Daniel Noboa busca autorizar casinos vía consulta popular
El mandatario ya incluyó una interrogante similar en su primera propuesta de consulta popular en enero de 2024, dos meses después de llegar al poder. Y luego, fue el propio presidente quien quitó la pregunta del listado, por considerarlo inoportuno.
En ese mes, cuando Noboa propuso por primera vez reabrir los casinos y casas de apuestas, lo hizo con el argumento que en 2011, tras el cierre de estas empresas, se generó la pérdida de 250 mil empleos. En el anexo de aquella pregunta se indicaba que, de aprobar los ciudadanos la consulta, se establecería una tasa en beneficio del tratamiento de la salud mental y de la seguridad ciudadana.
Pero la pregunta nunca vio la luz y nunca fue consultada en el proceso electoral de abril de 2024, puesto que, en respuesta a la Corte Constitucional, Noboa indicó lo siguiente: “En función del contexto actual que vive el Ecuador, me permito no insistir en mi petición original, exclusivamente de la pregunta 11, por considerar que el debate ciudadano relacionado con esta temática no es oportuno en estos momentos”.
Y ahora, más de un año después de aquel intento, el gobierno pone sobre la mesa nuevamente el funcionamiento de los casinos, aunque con diferencias a la pregunta anterior. En esta ocasión, la nueva propuesta es preguntar a los ciudadanos si los casinos o salas de juegos pueden funcionar solo en hoteles de lujo, y se sostiene que el 25 por ciento de las ventas de estos negocios se destinarán a programas sociales como luchar contra la desnutrición crónica.
La historia de la prohibición de los casinos en Ecuador
La salas de juego en el país fueron prohibidos, también mediante consulta popular, en el gobierno del ex-presidente, Rafael Correa, y desde entonces, gremios turísticos han intentado revivir estos negocios.
Era 2012 cuando las máquinas tragamonedas y mesas de blackjack quedaron vacías en Ecuador, tras ser prohibidos por un referendo, en medio de la nostalgia de empleados y apostadores.
Los casinos que funcionaban legalmente en Ecuador empleaban a unas 3200 personas, señalaron reportes periodísticos de la época.
Para justificar su pregunta en la consulta, Correa dijo que las apuestas deterioran moralmente a la sociedad, generan deudas ilegales, evaden impuestos y son usadas para lavar dinero, lo que fue rechazado por los empresarios, que habían pedido una prórroga y migrar a otros negocios.
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