Un proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, en Brasil, pretende impedir la transferencia de fondos públicos estatales a medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas digitales que difundan publicidad o contenido relacionado con apuestas de cuotas fijas.
El proyecto de ley 351/2026, presentado por el diputado estatal Delegado Zucco, abarca la administración pública directa e indirecta de Rio Grande do Sul, incluyendo organismos autónomos, fundaciones, empresas públicas y empresas de economía mixta controladas por el Estado.
Según el texto, se impediría que los medios impresos, estaciones de radio y televisión, portales, plataformas de redes sociales, proveedores de aplicaciones y otros medios digitales que difundan publicidad, anuncios, patrocinios, contenido pagado o cualquier otra forma de difusión de actividades relacionadas con las apuestas en línea reciban fondos públicos.
La definición adoptada por el proyecto de ley incluye apuestas en eventos deportivos reales o virtuales, juegos en línea y otras modalidades de lotería, independientemente de si los operadores están autorizados por el Gobierno Federal o no.
La prohibición abarcaría la publicidad y los patrocinios
El proyecto de ley establece un amplio alcance para la restricción. Además de los contratos de publicidad y relaciones públicas institucionales, la prohibición se aplicaría a patrocinios, apoyo e incentivos culturales, deportivos o sociales, subsidios, transferencias voluntarias, contratos de servicios, acuerdos y compras de medios.
Si la propuesta es aprobada y sancionada, las agencias estatales podrán revisar los contratos existentes en un plazo de 90 días para adaptarlos a las nuevas normas. El texto prevé la posibilidad de rescisión o no renovación de los instrumentos que contravengan la prohibición.
Según el proyecto de ley, cualquier infracción también podría resultar en la nulidad de los actos administrativos, el reembolso de los montos transferidos a las autoridades públicas y la aplicación de multas administrativas a los medios y plataformas contratados. El proyecto de ley también hace referencia a las sanciones previstas en la Ley de Improbabilidad Administrativa.
Zucco cita el endeudamiento y la salud pública para justificar el proyecto de ley
En la justificación presentada ante la ALRS (Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul), el diputado Zucco afirma que la medida busca reducir los impactos que atribuye a la expansión de las apuestas de cuotas fijas sobre los ingresos familiares y la salud pública.
Entre las cifras citadas por el parlamentario se encuentran estimaciones del Banco Central según las cuales los brasileños habrían destinado entre 20.000 y 30.000 millones de reales mensuales a las apuestas en línea durante el primer trimestre de 2025.
Zucco también menciona un estudio del Instituto Brasileño de Ejecutivos Minoristas (Ibevar) y la FIA Business School, así como una investigación de la Confederación Nacional de Líderes Minoristas (CNDL) y la SPC Brasil. Según los datos presentados en la justificación, 39,5 millones de brasileños habrían apostado en los 12 meses previos a la investigación, de los cuales el 19% declaró haber destinado parte de sus ingresos al juego.
El diputado argumenta además que la creciente participación de jóvenes en juegos de azar y sus posibles efectos en la salud mental justifican la acción preventiva del Estado. Para sustentar este argumento, cita estudios sobre la ludopatía e información presentada por el Ministerio de Salud durante una audiencia pública celebrada en el Senado Federal en julio de 2026.
Otro argumento es que existiría una contradicción entre las restricciones publicitarias previstas en la normativa federal sobre juegos de azar y la asignación de fondos públicos a empresas que promueven el sector.
Zucco también cita datos del Instituto Alana sobre juegos de azar en niños y adolescentes, así como una encuesta de Procon-SP sobre endeudamiento y exposición a ofertas de casas de apuestas. En opinión del diputado, destinar recursos públicos a empresas que promueven este tipo de actividad sería incompatible con el deber del Estado de proteger la salud pública, a los consumidores y a las familias.
En la conclusión de la justificación, el autor afirma que la propuesta tiene como objetivo establecer una política de gestión de los recursos públicos que impida que el Estado financie, incluso indirectamente, la promoción de actividades que considere perjudiciales para la economía familiar y la salud mental.
