La Junta de Protección Social (JPS) de Costa Rica impulsa una iniciativa que pretende regular y sancionar actividades relacionadas con loterías y juegos de azar, que no sean autorizados ni desarrollados por esa institución.
El proyecto fue presentado por el diputado del Partido Liberal Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gustavo Viales, quien afirmó que “lo que buscamos es regular la comercialización de la lotería ilegal y juegos de azar, que se encuentran al margen de la ley y sin control alguno, ya que muchas veces se utiliza para financiar actividades ilícitas y es la puerta a una serie de conductas delictivas, paralelas como legitimación de capitales, extorsiones, estafas, entre otras”.
Parte del propósito de la JPS es proteger los recursos que la Lotería genera para el financiamiento de programas destinados a la población en vulnerabilidad o pobreza, a raíz de la proliferación de ventas de juegos ilegales.
“Esta propuesta de ley no solo quiere sancionar al vendedor o comerciante, sino que además quiere atacar las estructuras que reclutan a personas que se dedican a comercializar a Lotería Nacional de la JPS, para movilizar la venta de estos otros productos clandestinos”, precisó Viales.
La iniciativa plantea que las municipalidades y los concejos municipales de distrito serán los responsables de realizar la sanción administrativa y controlar que no se realicen en su jurisdicción territorial actividades ilegales relacionadas con lotería preimpresa o electrónica, apuestas deportivas, video loterías y otros juegos de azar, que no sean autorizados por JPS.
Esmeralda Britton, presidenta de la Junta Directiva de la JPS, señaló: “Mientras en ventanas y puestos comerciales ofrecen juegos ilegales, Costa Rica enfrenta esa ilegalidad con un marco jurídico obsoleto que impide poner freno a los capitales de dudosa procedencia que los financian. Es nuestra responsabilidad proteger y defender los recursos que por ley le corresponden a los sectores más vulnerables o pobres del país”.
Los destinos por concepto de multas y bienes decomisados se destinarán en un 50 por ciento a favor de la JPS para distribuir en programas sociales financiados por ésta, y en un 50 por ciento para los programas de seguridad y combate al crimen organizado y la legitimación de capitales.
