El intento del PSPV (Partido Socialista del País Valenciano) de restituir la distancia mínima obligatoria de 850 metros entre los salones de juego y los centros educativos o sanitarios no prosperará en Les Corts. El pleno autonómico rechazará hoy (jueves 16) la proposición de ley socialista, tras la negativa anticipada de PP y Vox y el criterio desfavorable del Consell, que considera innecesaria la modificación de la actual normativa.
El debate reabre una cuestión que ya generó tensiones durante el anterior mandato. En 2020, el gobierno progresista había impulsado una ley que imponía distancias mínimas entre locales de apuestas y entornos sensibles como colegios o hospitales, con el objetivo de prevenir la exposición temprana al juego. Sin embargo, dos años después, el Ejecutivo de PP y Vox modificó la norma para permitir la renovación de licencias de aquellos establecimientos que estaban próximos a perder su autorización, eliminando así la restricción de distancia.
La propuesta socialista buscaba revertir ese cambio, pero llega en un contexto político marcado por una investigación judicial en Tarragona que involucra al exministro popular Cristóbal Montoro y a la empresa Codere, una de las principales del sector.
El PSPV ha señalado esta relación como un ejemplo de los vínculos entre el Partido Popular y el lobby del juego. “Su negativa no nace de una convicción, sino de la sumisión al poder del juego”, expresó en el pleno el diputado José Antonio Díaz, quien defendió la ley del Botànic por haber “puesto orden donde había caos y prevención donde antes solo había negocio”.
Por su parte, Compromís, que apoya la restricción, acusó a los funcionarios de estar vinculados con casas de apuestas. Su portavoz, Carles Esteve, recordó que varios dirigentes populares mantienen vínculos con el sector, mencionando al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco —ex presidente de la Fundación Social del Juego—, y al exministro Rafael Catalá, vinculado laboralmente a Codere.
“Sabemos que se van a negar, pero lo que nos falta saber es por cuánto”, ironizó Esteve.
Desde el PP y Vox defendieron su postura señalando que la actual normativa es suficiente y que el juego, al ser una actividad legal y regulada, requiere control, no prohibición.
“Esta iniciativa no responde a ninguna necesidad real ni a un vacío normativo, sino a una falta de proyecto”, sostuvo Mari Carmen Contelles del PP. En la misma línea, María Teresa Ramírez de Vox aseguró que “la mejor política es la prevención y la detección temprana de las adicciones, no la restricción de salones de juego que ya están sujetos a regulación”.
El Consell respaldó la posición de ambos partidos con un informe en el que argumenta que la eliminación de la distancia mínima “no ha supuesto un aumento en el número de salones de juego”, ni “una mayor exposición de la población a los estímulos del juego”, y que mantener la normativa actual “refuerza la seguridad jurídica del sector”.
España avanza con su regulación del juego
Mientras tanto, desde el Ministerio de Derechos Sociales y la DGOJ alertaron sobre el aumento del juego entre adolescentes.
A partir de los datos de la Encuesta ESTUDES, elaborada por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, se revela un escenario preocupante para la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), donde más de la mitad de los estudiantes “no ha recibido formación suficiente sobre los riesgos de las apuestas, pese a que la edad media de inicio en esta práctica se sitúa en apenas 13,9 años”.
