El Senado de República Dominicana aprobó en única lectura las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que regula los juegos de azar en el país, iniciativa presentada por los senadores Pedro Catrain y Félix Ramón Bautista.
La iniciativa busca consolidar y modernizar la legislación sobre casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, bingos tragamonedas y plataformas de apuestas online.
El proyecto contempla independencia frente al sector que debe supervisar, y establece obligaciones en materia de protección de menores. El texto respalda estas obligaciones con multas, cierre de establecimientos, pérdida de la licencia, inhabilitación de administradores y prisión.
Hace una semana, Yamile Aismel Gutiérrez Figuereo, socia fundadora de G&G Studio Legal y especialista en la industria del juego, concedió una entrevista a SBC Noticias para contar que la reforma representa una oportunidad para modernizar el sector.
Para la abogada, el objetivo no debería limitarse a incrementar los controles sobre los operadores legales, sino también a fortalecer la lucha contra el mercado ilegal y garantizar seguridad jurídica, proporcionalidad y condiciones de competencia.
Gutiérrez Figuereo sostuvo que República Dominicana necesita una actualización integral de su regulación porque la evolución tecnológica y comercial del sector superó el marco normativo existente.
“La industria evolucionó mucho más rápido que nuestra legislación”, señaló la especialista, al destacar que actualmente el mercado incorpora elementos que hace algunos años tenían una relevancia mucho menor, como los juegos de azar por internet, las plataformas tecnológicas, los medios de pago digitales, el juego responsable y las herramientas de prevención del lavado de activos.
En ese sentido, explicó que modernizar la normativa no debería consistir únicamente en sumar nuevas obligaciones para los operadores. A su criterio, el proceso también debe servir para establecer reglas claras, fortalecer la supervisión y proteger a los jugadores, sin dejar de ofrecer seguridad jurídica a las empresas que operan dentro del marco legal.
“Modernizar no significa únicamente incorporar nuevas obligaciones; significa crear reglas claras, fortalecer la supervisión, proteger al jugador y, al mismo tiempo, garantizar seguridad jurídica y condiciones que permitan que los operadores regulados sean competitivos y sostenibles”, afirmó.
Entre los principales cambios que identifica en el proyecto se encuentra la creación de una nueva estructura regulatoria, encabezada por la Dirección General de Juegos de Azar y el Consejo de Juegos de Azar, organismos que contarían con mayores facultades de regulación, supervisión y fiscalización.
Otro de los puntos centrales es la incorporación de los juegos de azar por internet dentro de una ley. Actualmente, esta actividad cuenta con una regulación específica mediante la Resolución Número 136-2024, pero la propuesta legislativa busca elevar sus principales disposiciones al ámbito legal.
De acuerdo con Gutiérrez Figuereo, el proyecto establece que los juegos por internet solamente podrán ser operados por personas jurídicas debidamente licenciadas y contempla una vigencia de diez años para estas licencias. Asimismo, mantiene un impuesto mensual del 10 por ciento sobre la base de las operaciones realizadas por internet.
Una regulación diferenciada para cada modalidad de juego
La especialista también destacó la importancia de que el proyecto diferencie las distintas modalidades de juegos de azar.
A su entender, las bancas de lotería, las apuestas deportivas, los casinos, los bingos y los puntos de venta de loterías electrónicas presentan modelos de negocio, características y niveles de riesgo diferentes. Por ese motivo, considera que no deberían quedar sometidos exactamente a las mismas obligaciones.
“No todos los juegos de azar tienen la misma naturaleza, el mismo modelo de negocio ni presentan los mismos riesgos regulatorios”, explicó.
Para la abogada, la diferenciación debería trasladarse también al sistema de licencias, los requisitos técnicos, las cargas económicas, los mecanismos de supervisión y el régimen sancionador. La regulación, sostuvo, debe ser proporcional al tamaño, la naturaleza y el nivel de riesgo de cada actividad.
En este punto, puso como ejemplo la diferencia entre una pequeña banca de lotería y un operador de juegos por internet con alcance nacional. “No podemos exigirle a una pequeña banca de lotería la misma estructura operacional o tecnológica que a un operador de juegos por internet de alcance nacional”, afirmó.
Sin embargo, Gutiérrez Figuereo también marcó un límite: diferenciar las modalidades no debería conducir a una fragmentación regulatoria.
“La ventaja de una ley integral es precisamente tener un marco común para toda la industria, pero reconociendo las particularidades de cada modalidad”, sostuvo. Para la especialista, alcanzar ese equilibrio será determinante para que la nueva regulación pueda funcionar de manera efectiva.
Más fiscalización, pero con reglas claras
El proyecto amplía el alcance de la autorización, fiscalización y supervisión hacia las personas físicas y jurídicas vinculadas con las actividades de juego. Gutiérrez Figuereo consideró que este cambio puede contribuir a mejorar la transparencia del mercado.
La posibilidad de conocer quién se encuentra detrás de cada operación, quién ejerce el control, quiénes son los beneficiarios finales y cuál es el origen de los recursos resulta especialmente relevante, según explicó, en una industria que se encuentra sometida a elevados estándares regulatorios y de prevención del lavado de activos.
No obstante, advirtió que el incremento de las facultades de fiscalización debe estar acompañado por procedimientos claros y ágiles.
“Una mayor fiscalización debe ir acompañada de reglas claras, criterios objetivos y procedimientos ágiles”, afirmó.
Desde su perspectiva, el objetivo debería ser doble: fortalecer el mercado regulado y dotar al Estado de herramientas efectivas para combatir las operaciones ilegales.
