Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de ayer (martes 18), la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y el Ministerio de Consumo de España dieron comienzo al proceso de convocatoria de subvenciones para respaldar investigaciones respecto del juego problemático.
Hasta el 18 de mayo, los interesados podrán postularse a través del sitio web de la DGOJ para ser parte de las organizaciones que investiguen sobre la prevención del juego problemático, los riesgos de la industria, entre otras temáticas del área, con una subvención de 1.680.000 euros.
“Su concesión se hará en régimen de concurrencia competitiva y el plazo de ejecución de los proyectos beneficiarios se extenderá hasta el próximo 30 de junio de 2024”, detalló el organismo rector del juego respecto de las subvenciones que se entregarán.
Los organismos interesados en formar parte de esta iniciativa deberán residir en España y ser entidades específicas como universidades públicas y centros adscritos; universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i; entidades o instituciones sanitarias públicas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud; centros privados de investigación; entidades sin fines de lucro que tengan entre sus objetivos la realización de actividades de investigación, etc.
El objetivo de la medida es encontrar herramientas de “detección temprana de participantes con un comportamiento de juego de riesgo o de mayor gravedad” y de “procesos de minimización de las consecuencias negativas asociadas a las actividades de juego”.
Además, se solicitará un enfoque específico sobre el “daño individual, familiar o social asociado a las actividades de juego en alguno de los siguientes entornos: salud personal; impacto emocional o psicológico, dificultades financieras, afectación laboral o de formación académica; dificultades en las relaciones sociales; problemas legales”.
Finalmente, algo que se destaca es que la investigación deberá estudiar las “relaciones entre el sector de los videojuegos y el de las actividades de juego (loterías, juegos de azar, póquer, y/o las apuestas)”. Por otro lado, el estudio también deberá tener un enfoque de género.
Por el momento, no se han brindado detalles sobre los planes del gobierno una vez que se obtengan los resultados de esta investigación, que se desarrollará a lo largo del año, aunque es sabido que desde el Ministerio de Consumo mantienen una fuerte postura contra la expansión de la industria del juego y las apuestas en el país.
Recientes declaraciones del líder del organismo, el ministro Alberto Garzón, apuntaron a que “las clases populares, más vulnerables, las clases sociales con menos recursos, con horizontes de vida más oscuros, son las que tienen más tentaciones para caer en este tipo de actividades que conllevan unos riesgos que, desgraciadamente, han pasado, en gran medida, desapercibidos en los últimos años”.
En el marco del lanzamiento de la campaña #PERO, Garzón remarcó que el juego limpio es “una responsabilidad pública y colectiva de primer orden”. Por tal motivo, el ministro ha argumentado contra la publicidad del juego online, las licencias de nuevos operadores de apuestas deportivas y demás formas de crecimiento de la industria, siendo el Real Decreto de Comunicaciones el instrumento más cuestionado hasta ahora, por las fuertes restricciones hacia el sector privado exclusivamente.
Paralelamente, la DGOJ está llevando a cabo una consulta pública sobre la resolución para la regulación del juego en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros dentro de la industria de todo España. Se trata de un nuevo Real Decreto por el que se modifica el texto anterior, 1614/2011, y por el que se desarrolla la ley 13/2011.
Con esta enmienda, se incorporaría un sistema de límites de depósitos en vistas a “mejorar la protección del jugador” a nivel nacional, ya que sería un registro compartido por todos los operadores con licencia en el país. Además, se actualizaría el Real Decreto 1614/2011 “en aspectos relativos a las garantías”.
Siguiendo esta línea, es probable que las nuevas investigaciones deriven en más propuestas regulatorias sobre los riesgos del sector, pero resta conocer la opinión específica de Garzón y su cartera, por lo que se esperan nuevas declaraciones después del 18 de mayo, cuando cierre la primera parte del proceso de convocatoria para interesados.