Bajo la campaña #PERO, el Ministerio de Consumo de España aborda el juego responsable para concientizar sobre las tendencias en el país. Según acusó el ministro Alberto Garzón, cerca de la mitad de los nuevos jugadores son menores de 25 años.
“No es lo mismo vivir en un barrio donde los poderes públicos y la sociedad civil han trabajado para llenarlo de opciones culturales y deportivas accesibles y asequibles, que en uno asfixiado por el secuestro de su espacio público con las calles llenas de salones y casas de apuestas”, dijo.
Y reveló que, de acuerdo a las estadísticas del ministerio, en 2016 los jugadores menores de 25 años representaban el 28 por ciento del total, mientras que este año el número creció al 48 por ciento.
La campaña #PERO, con un video musical, busca demostrar las excusas de los jugadores problemáticos y asegura que estos conflictos “siempre empiezan con un pero”. Así, Garzón remarcó que el juego limpio es “una responsabilidad pública y colectiva de primer orden”.
La participación de diferentes organismos en la campaña #PERO
La nueva iniciativa fue apoyada también por el director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, quien dijo que se busca “alertar del peligro que comportan las apuestas y los juegos de azar de manera muy especial a las personas más jóvenes, que son clave a la hora de abordar la labor regulatoria en defensa de los colectivos más vulnerables”.
Además, dio su apoyo la jefa de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Ángela Ibáñez, quien también es miembro del Consejo Asesor de Juego Responsable, y señaló que el 85 por ciento de los españoles “ha jugado alguna vez”.
Finalmente, otro miembro del Consejo Asesor de Juego Responsable y secretario de Fejar (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados), Gerardo Rodríguez, acusó que “falta la responsabilidad social corporativa y la reparación de los daños, que, después de once años, esperamos que poco a poco se vaya produciendo”.
La posición del Ministerio de Consumo de España
Para Garzón, “las clases populares, más vulnerables, las clases sociales con menos recursos, con horizontes de vida más oscuros, son las que tienen más tentaciones para caer en este tipo de actividades que conllevan unos riesgos que, desgraciadamente, han pasado, en gran medida, desapercibidos en los últimos años”.
Además, acusó a la industria de producir un “bombardeo sistemático de publicidad, especialmente en momentos muy singulares como en las competiciones deportivas”, mientras apuntó contra la Copa del Mundo por “la ola de publicidad” que genera, aunque señaló que España no sufrirá las consecuencias gracias a la prohibición publicitaria.
Y continuó: “La publicidad ha permitido la naturalización, la normalización de una actividad que no es inocua, sino que tiene unos efectos sociales y sanitarios y una serie de efectos que la evidencia científica ha puesto una y otra vez encima de la mesa y que, además, afectan más en barrios de clase trabajadora, con menos ingresos per cápita, y a poblaciones más vulnerables y con más dificultades para encontrar un horizonte de estabilidad y de seguridad”.
La última actualización de regulación en España
Semanas atrás, el Senado de España ha dado el visto bueno a la reforma de la Ley del Juego que formaliza el instrumento técnico del Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (Sigma) con rango de ley y que añade un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego para compartir a nivel nacional la lista de autoexcluidos.
Con 146 votos a favor y 113 abstenciones, la actualización de la regulación “refuerza el control sobre la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas y amplía la protección de los jugadores en riesgo”.
En cuanto a Sigma, se trata de una normativa que permitirá a la Policía y Cuerpos de Seguridad del Estado ser “cesionarios de los datos personales que les sean facilitados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)”.
Además de las fuerzas de Seguridad, se podrán inscribir a este registro todas las entidades interesadas en erradicar el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas, como el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores del juego.
La actualización de la ley también contempla nuevas normativas publicitarias, que acompañan el Real Decreto de Comunicaciones que ha limitado las estrategias de marketing para el sector privado del juego desde agosto del año pasado.
