En un comunicado oficial, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico anunció que comenzará a cobrar el canon de 1.500 dólares por cada tragamonedas que haya obtenido permiso de operación durante el primer trimestre del año.
Si bien puede que siga retrasado el proceso de cobro de estos impuestos, el organismo regulador del país caribeño fijó las fechas para comenzar a percibir estos ingresos. El primer pago de 500 dólares deberá abonarse a partir del próximo 23 de agosto con un plazo de un mes.
Asimismo, otros dos pagos de 500 dólares, por máquina tragamonedas, deberán realizarse antes del 31 de noviembre de 2021 y del 31 de enero de 2022.
Según el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando A. Rivera Carrión, ya son 100 los operadores certificados que han instalado este año los juegos en sus salones en ruta “de conformidad con la Sec. 10 de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar, Ley 11 de 22 de agosto de 1933”.
El canon total de 1.500 dólares por slot “incluye un marbete que será adherido en la parte superior izquierda de la pantalla del gabinete de la máquina y tendrá un sistema de tecnología electromagnética, conocido como RFID, por sus siglas en inglés (Radio-Frequency Identification)” para ser fiscalizadas, como informó el organismo a Noticel.
Además, una vez pagado el primer canon e informado sobre la instalación de los juegos en los salones, la Comisión realizará distintas inspecciones para chequear que se esté operando bajo los requisitos fijados por la ley.
“Cada operador deberá emitir un pago correspondiente al total de máquinas que posee, que no será menor de 100, ni mayor de 250 máquinas. El incumplimiento con el requisito de cualquiera de los pagos de las licencias de las máquinas dentro de los términos provistos por la Comisión, conllevará la revocación de la certificación de operador o dueño mayorista”, aclaró Rivera Carrión.
Y concluyó: “Todo negocio que posea máquinas sin un marbete podrá ser culpable de un delito y si fuere convicto será castigado a prisión por un término máximo de seis meses o estará sujeto a una multa no menor de 5.000 dólares, ni mayor de 10.000, o ambas penas a discreción del tribunal. Cualquier convicción subsiguiente se le impondrá una pena de multa fija de 20.000 dólares y se considerará delito grave con reclusión por un periodo de tiempo de un año”.
