La reciente promulgación de la Ley 30-26, que busca incrementar la recaudación fiscal en aproximadamente 50 mil millones de pesos dominicanos mediante nuevas cargas impositivas a distintos sectores económicos, ha generado preocupación en la industria de casinos y bancas de apuestas.
La norma contempla alzas de hasta un 243 por ciento en algunos impuestos, lo que podría tener un impacto negativo en los procesos de formalización y cumplimiento regulatorio del sector, según advirtió la abogada especializada en cumplimiento normativo y prevención del lavado de activos, Laritza Ferreiras Fernández.
En su análisis para El Dinero, Ferreiras señaló que, aunque el Estado tiene la facultad de implementar políticas tributarias para fortalecer los ingresos públicos, “resulta pertinente analizar cómo un aumento significativo de impuestos podría incidir en un sector que aún enfrenta retos importantes en materia de regularización”.
“Uno de los principales riesgos es que una mayor carga fiscal incentive la permanencia o el retorno a la informalidad de operadores que todavía no han completado su proceso de adecuación a las exigencias regulatorias vigentes”, explicó.
La especialista destacó el trabajo desarrollado por la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda para fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la industria, incluyendo la implementación de la Resolución 217-2025, que establece requisitos obligatorios de idoneidad y capacitación certificada, así como la futura alianza con la Florida International Bankers Association (FIBA) para desarrollar un programa de Certificación en Antilavado de Dinero adaptado al mercado dominicano.
“Cualquier reforma tributaria debería considerar este contexto y procurar un equilibrio entre los objetivos recaudatorios y la sostenibilidad de las empresas que están realizando inversiones para adecuarse a las exigencias legales”, expresó.
Asimismo, Ferreiras recordó que la industria de juegos de azar es considerada internacionalmente una actividad con alta exposición a riesgos de lavado de activos, por lo que la formalización y el fortalecimiento de los controles deben mantenerse entre las prioridades del sector y de las autoridades. En ese sentido, advirtió que una presión fiscal elevada podría generar efectos no deseados sobre los avances alcanzados en materia de cumplimiento normativo y regularización de operadores. Por ello, planteó que cualquier incremento de la carga tributaria podría aplicarse de forma gradual y escalonada, permitiendo que las empresas se adapten a las nuevas obligaciones sin afectar la estabilidad del sector ni los procesos de adecuación regulatoria en marcha.
La Ley 30-26 fue promulgada por el presidente Luis Abinader tras su aprobación en el Congreso Nacional y forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la estabilidad económica y mitigar los efectos de la crisis internacional. Según lo informado por el Gobierno, la nueva legislación busca generar alrededor de 50 mil millones de pesos adicionales para el Presupuesto General del Estado mediante el incremento de la carga tributaria en distintos sectores económicos, entre ellos casinos y bancas de apuestas.
El Senado de República Dominicana aprueba en primera lectura la regulación
El Pleno del Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula los juegos de azar, incluyendo las loterías. La pieza legislativa, presentada por el vicepresidente del Senado, Pedro Catrain, y el senador Félix Ramón Bautista Rosario, busca establecer normas que regulen la autorización, fiscalización y supervisión de las personas físicas o jurídicas que desarrollen, operen o comercialicen actividades relacionadas con todo tipo de juegos de azar o apuestas en el territorio nacional.
El proyecto destaca que, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, existen más de 71 mil bancas de lotería y de apuestas deportivas registradas en el territorio, lo que evidencia el dinamismo del sector y la necesidad de fortalecer su regulación y control.
El nuevo dispositivo también busca prevenir la participación de menores de edad en plataformas de apuestas online mediante mecanismos robustos de verificación de identidad y normas estrictas sobre publicidad.
