Recientemente, el Ministerio de Hacienda de Brasil determinó que la autoridad del juego del estado de Río de Janeiro, Loterj, no tenía capacidad de emitir licencias regionales para el juego online y las apuestas deportivas, por lo que debía dar marcha atrás con el lanzamiento de su mercado.
Sin embargo, desde la Lotería del Estado de Río de Janeiro están dispuestos a llevar la pelea ante la Suprema Corte, luego de que el pasado viernes (5 de abril), decidiera no responder a los plazos puestos por el Ministerio para desactivar el mercado.
“Loterj, antes de la promulgación de cualquier ley federal en contrario, permitió que las operaciones de apuestas virtuales se realizaran en todo el entorno de Internet, sin desconocer la legislación federal aplicable en la época ni las decisiones del STF”, explicó el organismo en una carta enviada al equipo de economía.
“Por el contrario, buscó adaptarse a la realidad contemporánea del comercio y la prestación de servicios, garantizando que, incluso en un entorno virtual, las operaciones se realicen bajo los auspicios de la legislación del estado de Río de Janeiro”, agregó.
Actualmente, cuatro casas de apuestas deportivas han obtenido sus permisos de operación en Río de Janeiro, mientras que otras cinco están en proceso de licitación. Así, desde Loterj le exigen al gobierno nacional que luche contra los sitios ilegales “en lugar de perder el tiempo peleando con el Estado”.
“Observamos que, hasta la fecha, no ha habido ninguna acción concreta por parte del Ministerio de Finanzas destinada a combatir eficazmente la proliferación del juego ilegal en el país. Por lo tanto, enfatizamos la necesidad de una acción más estratégica y coordinada, en asociación con otros organismos reguladores y órganos de seguridad pública, para afrontar este desafío”, dice la carta firmada por el presidente de Loterj, Hazenclever Lopes Cançado y enviada al sustituto del Ministerio de Hacienda, Simone Vicentin.
De esta forma, Loterj argumenta que el gobierno de la Unión se está demorando demasiado con el proceso de licitación y el lanzamiento oficial del mercado, propiciando la difusión de plataformas de juego sin autorización.
“La falta de recaudación de impuestos por estas actividades ilegales no sólo perjudica los ingresos estatales, sino que también compromete la integridad del mercado de juegos y apuestas, poniendo en riesgo la seguridad del consumidor y el orden económico”, argumentó Cançado.
Por su parte, desde el Poder Ejecutivo también explican que las condiciones de operación establecidas en los reglamentos de Río de Janeiro son “mucho más beneficiosas” para las plataformas que lo regulado por el Estado nacional.
Río de Janeiro “cobra, por ejemplo, 5 millones de reales por la licencia, frente a los 30 millones exigidos por la Unión; y grava los llamados GGR (ingresos brutos del juego) al 5 por ciento, es decir, los ingresos obtenidos de los juegos, menos los premios pagados a los apostadores, frente al 12 por ciento que cobra el gobierno”, detallaron desde la prensa brasileña.
Ante esto, las autoridades ven como una amenaza que si cada lotería estatal no se limita a su respectivo territorio, “competirán inevitablemente con la Unión y también entre sí”, algo que preocupa a los reguladores a nivel nacional por cómo se terminará desarrollando el mercado transparente y seguro.
Loterj podría beneficiar a otras loterías
En caso de que la disputa sea llevada a la Suprema Corte de Justicia de Brasil y el fallo quede a favor de Loterj, todas las loterías estatales y municipales que tengan normativas del juego online y las apuestas deportivas aprobadas con anterioridad al 24 de julio de 2023 también se beneficiarán y podrán operar con el mismo concepto.
Cabe destacar que la Loterj y otras loterías estatales, que funcionan como reguladores regionales de la industria, fueron oficialmente añadidas a la cartera gubernamental con la decisión de la Suprema Corte de romper el monopolio lotérico hasta entonces liderado por el banco nacional Caixa.
Tras este fallo, se permitió que cada estado regulara su propio mercado de loterías, permitiendo el lanzamiento de más ofertas. Sin embargo, en el fallo también se aclara que cada lotería tendría que seguir la legislación federal en materia del juego.
“La explotación (por parte de los Estados) debe garantizarse de manera razonable”, subrayaron.
