El Ministerio de Hacienda de Brasil ha abierto más de 100 procesos administrativos contra operadores de apuestas desde el inicio del mercado regulado en enero de 2025. La información fue obtenida por Folha de S.Paulo a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI).
Los procesos se originaron a partir de aproximadamente 200 inspecciones realizadas a 73 de las 85 casas de apuestas autorizadas por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF). Alrededor del 86 por ciento de las empresas con licencia ya han sido objeto de alguna acción.
De los procesos concluidos definitivamente, 39 ya han alcanzado una sentencia firme. De este total, 32 resultaron en advertencias y siete en la imposición de multas. En un caso, la sanción también incluyó la suspensión de actividades, pero la medida fue revocada una vez que la empresa regularizó su situación.
La única suspensión hasta el momento ha sido la de Pixbet, que no estaba registrada en la plataforma Consumidor.gov, requisito para los operadores autorizados. La sanción no se aplicó porque la empresa regularizó su registro. Hasta la fecha, ninguna empresa ha visto revocada su autorización federal, una sanción que implicaría la pérdida de la licencia adquirida por 30 millones de reales.
Además de estas decisiones, otras 10 multas aún pueden ser impugnadas administrativamente. Si se considera también la multa de 2,3 millones de reales aplicada a Blaze por publicidad dirigida a menores, las sanciones financieras impuestas por el Ministerio de Hacienda ascienden a casi 11 millones.
Mientras tanto, el número de demandas presentadas contra empresas de apuestas creció más del 600 por ciento en 2025, según una encuesta de BBC News Brasil.
Ministerio de Hacienda: las advertencias son la sanción más común
Si bien la legislación permite multas de hasta 2.000 millones de reales por infracción, las sanciones económicas aplicadas hasta la fecha han sido inferiores al 0,5 por ciento de los ingresos de los operadores sancionados.
En el caso de Blaze, por ejemplo, la multa correspondió a aproximadamente el 0,2 por ciento de unos ingresos brutos por juego (GGR) de 1.100 millones de reales, tras deducir impuestos, cotizaciones sociales y gastos de bonificación.
El elevado número de advertencias se debe, según empleados y exmiembros de la SPA entrevistados por Folha de S. Paulo, a que la mayoría de las empresas aún se consideran infractoras primerizas. Según la normativa vigente, un operador solo se clasifica como reincidente cuando vuelve a ser sancionado por la misma conducta.
Por lo tanto, una empresa que comete infracciones de distinta índole puede seguir beneficiándose de ser considerada infractora primeriza. En estos casos, suelen aplicarse advertencias, salvo cuando la irregularidad se considera muy grave. El caso Blaze, por lo tanto, fue una excepción.
Los procesos también pueden extenderse durante meses debido a las etapas de notificación, presentación de la defensa, análisis y apelación. Tan solo la fase de apelación puede durar hasta 150 días, según la legislación federal sobre procesos administrativos. Además, las decisiones de la SPA pueden ser impugnadas ante los tribunales.
Al ser consultado por Folha de S. Paulo, el Ministerio de Hacienda declaró que tiene la intención de mejorar, en el cuarto trimestre de 2026, los procedimientos para el seguimiento y la sanción de las infracciones. Entre las prioridades se encuentra la creación de mecanismos para compensar a los apostadores por las pérdidas sufridas.
