La Medida Provisional (MP) n.º 1.394/2026, que prohíbe las apuestas de cuota fija en Brasil, contempla la extinción anticipada de las autorizaciones concedidas por el Gobierno Federal, sin derecho a la devolución de los importes pagados por las licencias ni a una indemnización por parte del poder público. La decisión ha abierto un debate sobre la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en el entorno regulatorio brasileño.
En su primer artículo para la columna Rincón Jurídico de SBC Notcias Brasil, Bárbara Teles —abogada, cofundadora de la Asociación de Mujeres de la Industria del Juego (AMIG) y directora de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Brasileña de Cumplimiento, Buenas Prácticas, Ética y Transparencia en las Apuestas (ABC-Bet)— analiza las consecuencias de la prohibición para las empresas, los trabajadores y los inversores.
En el artículo Brasil puede cambiar las reglas, pero ¿quién paga la factura?, Teles cuestiona los efectos de la revocación anticipada de las autorizaciones concedidas por el Estado y argumenta que la medida podría comprometer la credibilidad del país ante inversores de otros sectores de la economía.
Rincón Jurídico: ¿quién paga la factura por la prohibición de las apuestas?
Imagina invertir millones de reales tras recibir la autorización del Estado. Contratar profesionales, desarrollar tecnología, pagar impuestos y cumplir con los requisitos reglamentarios. Poco tiempo después, el mismo Estado decide prohibir la actividad. ¿Quién responde por este cambio?
Esta es la pregunta que Brasil debe afrontar ante la Medida Provisional n.º 1.394/2026, que contempla la prohibición del juego online y las apuestas de cuota fija menos de dos años después del inicio del mercado federal regulado.
El debate va mucho más allá de las apuestas. Se trata de la credibilidad de las instituciones y de la confianza de quienes invierten y generan empleo en el país.
Brasil pasó años estableciendo normas para este sector. Las empresas pagaron licencias por valor de 30 millones de reales, certificaron sus sistemas, contrataron personal especializado y estructuraron sus operaciones para cumplir con las normas de seguridad, integridad y protección al consumidor. No se trataba de negocios clandestinos: operaban bajo la autorización de las autoridades públicas.
Por supuesto, ninguna ley tiene por qué permanecer inmutable. El Estado puede revisar sus políticas públicas y debe corregir sus deficiencias. Sin embargo, existe una diferencia entre mejorar la regulación y desmantelar abruptamente un mercado que fue fomentado por el propio gobierno.
La seguridad jurídica no implica impedir los cambios. Significa exigir previsibilidad, proporcionalidad y respeto a la confianza legítima de quienes han cumplido con las normas.
Este domingo, 25 de octubre, Brasil podría presenciar uno de los episodios más emblemáticos de inseguridad jurídica de su historia reciente —y no me refiero a las elecciones—. Empresas que recibieron del propio Estado la autorización para operar durante cinco años verán sus licencias canceladas de forma anticipada, por mandato de una medida provisional. Y hay un detalle que hace que esta decisión sea aún más grave: la norma excluye expresamente cualquier derecho a la devolución de los importes pagados por las licencias o a recibir una indemnización por parte del Estado.
No estamos hablando de empresas que hayan infringido la ley o que hayan operado al margen de la supervisión. Estamos hablando de organizaciones que respondieron al llamado del gobierno brasileño, pagaron millones de reales, contrataron trabajadores, desarrollaron tecnología, adaptaron sus sistemas para atender al público brasileño e invirtieron para cumplir con un marco regulatorio creado por el propio país. ¿Qué mensaje transmitimos cuando el Estado exige el cumplimiento de normas, recibe inversiones y, poco después, retira la autorización que justificó dichos compromisos?
Asimismo, la extinción de las licencias no elimina las responsabilidades de las empresas. La medida provisional preserva la facultad de fiscalización de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) respecto a hechos anteriores. Subsisten deberes, costos de cierre y obligaciones de transición, pero desaparece la perspectiva de continuidad que sirvió de base para las inversiones. Esta asimetría merece un debate institucional profundo, que aborde incluso la proporcionalidad de la medida y sus efectos sobre la seguridad jurídica.
El precedente que se establece merece la atención de toda la sociedad. Hoy son las apuestas; mañana, podría ser cualquier otra actividad económica sujeta a autorización estatal. La pregunta que empezarán a plantearse los inversores, tanto brasileños como extranjeros, no es solo cuánto cuesta invertir en Brasil, sino qué valor tiene la seguridad que brinda una autorización concedida por el propio gobierno.
Tampoco podemos olvidar a las personas. Detrás de las autorizaciones hay trabajadores, proveedores y familias que dependen de esta cadena económica. Sus empleos no pueden tratarse como un efecto colateral irrelevante.
Y existe un riesgo adicional: prohibir la oferta legal no elimina necesariamente la demanda. Los consumidores pueden migrar hacia plataformas clandestinas, que carecen de los mismos controles de edad, prevención del lavado de dinero o mecanismos de protección al consumidor. Debilitar el mercado regulado puede, paradójicamente, favorecer al mercado ilegal.
Los problemas asociados a las apuestas, como la publicidad abusiva y el juego problemático, exigen respuestas serias basadas en evidencias. Una medida de gran impacto político no constituye, por sí misma, una política pública eficaz.
El mensaje también llega a los inversores de otros sectores. Quienes destinan recursos a la infraestructura, la tecnología o la energía observan si el país mantiene un entorno regulatorio predecible. Cuando las reglas se modifican radicalmente tras realizarse grandes inversiones, la inseguridad trasciende las fronteras del mercado afectado.
El Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal tienen ante sí un debate que va más allá de los intereses de un sector económico específico. No se trata de impedir que el Estado modifique sus políticas públicas, sino de reconocer que las decisiones gubernamentales generan compromisos, inversiones y expectativas legítimas que no pueden ser simplemente ignoradas. Prohibir puede parecer sencillo; gobernar, en cambio, exige gestionar las consecuencias.
Brasil no tiene por qué elegir entre protección social y seguridad jurídica. Debe garantizar ambas; un Estado responsable ha de ser capaz de atender ambos aspectos.
Porque, en última instancia, este debate no trata únicamente sobre las apuestas. Se trata de empleos, inversiones, responsabilidad institucional y la confianza de toda una sociedad en las normas establecidas por su propio país. Se trata de cuánto vale la palabra del Estado brasileño.
Brasil tiene derecho a modificar sus políticas públicas. Pero no puede ignorar el costo de cambiar las reglas del juego una vez que todos han sido invitados a participar conforme a ellas. Porque cuando el propio Estado deja de ofrecer previsibilidad a las reglas que creó, la factura no recae solo en quien perdió una licencia. Recae en todo el país.
