El Consejo de Ministros de España finalmente aprobó el Real Decreto del Juego Responsable para reforzar la protección de jugadores vulnerables impulsado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón. La medida se suma a la presión regulatoria de la mencionada cartera sobre el sector privado y establece varias medidas a implementar.
Si bien apunta a los jugadores en “un sentido amplio”, la normativa tiene como objetivo principal a la población de entre 18 y 25 años y a aquellas personas personas que hayan solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos).
Las principales medidas que establece el Real Decreto incluyen la prohibición de aceptar tarjetas de crédito como medio de pago a los jugadores vulnerables, a los cuales también deben alertar sobre una conducta de riesgo (que primero deben detectar) y excluir de actividades de promoción y de la lista de clientes privilegiados.
Por otro lado, el gobierno le exige a las empresas del sector a que pongan en marcha “medidas de refuerzo para las personas jugadoras vulnerables”, proponiendo una interacción directa con el usuario que, de no ser respondida en un plazo máximo de 72 horas, deberá activar la suspensión de la cuenta.
También, deben contar con un servicio de atención telefónica para asistir a jugadores problemáticos y tendrán que suscribirse al servicio de alerta antipishing de la Dirección General de Ordenación del Juego para controlar que las personas con conductas de riesgo no vuelvan a jugar suplantando la identidad de otro jugador o jugadora.
Asimismo, estarán obligados a informar a jugadores jóvenes que “comenzar a jugar a edades tempranas está asociado a un mayor riesgo de desarrollar trastornos asociados con los juegos de azar y apuestas o ludopatía” y no podrán dirigir a personas de entre 18 y 25 años comunicados sobre actividades promocionales. Tampoco podrán contener mensajes como “casi acertaste” o similares, para no incentivar a los usuarios a seguir jugando.
Según el Ministerio de Consumo, el fin de este Real Decreto del Juego Responsable es “garantizar un marco de políticas de protección ante los riesgos del juego a nivel estatal que prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores”.
