El flagelo del juego ilegal es uno de los principales problemas de la industria a nivel global, por lo que el diputado Juan Suazo presentó un proyecto de ley para establecer sanciones contra los responsables de esas operaciones en República Dominicana.
La iniciativa está apuntada a controlar la venta de quiniela o cualquier otro juego de azar a través de dispositivos electrónicos (móviles o fijos) que no estén instalados en puntos de venta autorizados y controlados por el Ministerio de Hacienda o la Lotería Nacional.
También están comprendidos los comercios sin licencia que vendan en forma física y los vendedores ambulantes (no acreditados) de lotería o cualquier otro juego de azar, un punto álgido en el debate por la industria durante los últimos meses.
En pos de contrarrestar esta actividad, la propuesta de Suazo contempla penas de entre dos y 10 años de prisión para los culpables de comercializar juegos en forma clandestina. Las más leves están previstas para los vendedores digitales (dos a cinco años de prisión más multas), seguidos por los dueños de locales físicos (tres a diez años más multas) y los desarrolladores de sistemas para vender juego clandestino (tres a diez años más multas).
