La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) —regulador de la industria en Chile— junto con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzaron un fuerte descargo en contra de las plataformas de juegos y apuestas online.
Para presentar el descargo, el director del SERNAC, Andrés Herrera, y la Superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, llevaron a cabo una jornada, donde difundieron su opinión sobre la actividad “que transgrede la fe pública”.
La SCJ y Sernac habían firmado, a principios de junio, un acuerdo de colaboración para tratar estas temáticas y “exigir el pleno respeto” a la industria del juego “de los derechos de las y los consumidores” de este tipo de servicios.
El comunicado de la SCJ y Sernac
En principio, las organizaciones revelaron que en “los últimos años” han crecido las denuncias de los usuarios de estas plataformas ante ambas autoridades por “diversos incumplimientos” y posibles estafas, sin que haya mucho margen legal para abordar la situación.
En este sentido, destacaron que “la ilegalidad en la que operan las plataformas de juego online no permite su regulación, fiscalización ni la imposición de sanciones ante incumplimientos para con las y los consumidores que las utilizan”.
Según explicaron, las personas que residen en Chile e interactúan, desde ahí, con estas ofertas de casino y apuestas deportivas por internet, en plataformas internacionales, quedan totalmente desprotegidas por el marco legal, ya que “esta realidad ocurre en el contexto de la ilegalidad”.
“Junto al Servicio Nacional del Consumidor nos parece altamente relevante alertar a la ciudadanía acerca de los riesgos a los que se exponen al realizar apuestas online, las que operan al margen de la ley”, expresaron las autoridades.
Para ellos, el sector online “se desarrolla sin transparencia en la generación de resultados, sin una política de juego responsable y sin protección a personas autoexcluidas ni a la infancia”, ya que “en Chile los juegos de azar sólo pueden funcionar a través de una ley específica que los autorice, —ese es el caso de los casinos de juego—”.
De todas formas, son varios los estudios legales que alegan lo contrario, al explicar que al no haber una regulación específica, tampoco la actividad es ilegal, por lo que operan desde un gris regulatorio. Sin embargo, desde la SCJ insisten en que solo la Polla, Lotería y Teletrak tienen permiso de operación para estas actividades online.
En su discurso, Herrera aseguró: “Los juegos de azar online no están regulados en nuestro país, teniendo el carácter de ilegales y, por tanto, las y los consumidores que acceden a este tipo de servicios se exponen a eventuales incumplimientos y estafas, como, por ejemplo, premios que no se entreguen o condiciones ofrecidas que no se cumplan”.
Y continuó: “Por eso, el llamado a las y los consumidores es al autocuidado, a no exponerse a contratar este tipo de servicios y, menos aún, a endeudarse para acceder a ellos”.
Posteriormente, ambos celebraron el avance realizado por el Ministerio de Hacienda el mes pasado, cuando compartió algunas disposiciones añadidas al proyecto de ley sobre el juego online y las apuestas deportivas, que incluyen un nuevo régimen impositivo.
Así, Villagrán destacó que estas disposiciones están “orientadas al resguardo de la fe pública que implica altos estándares técnicos y de supervisión, aumentar la recaudación fiscal; evitar tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo; y promover el juego responsable y prevenir el juego problemático”.
Y dijo: “Mientras ese proyecto de ley no se materialice, el mensaje es uno: los juegos de azar online, que actualmente están proliferando en nuestro país, actúan de manera ilegal”.
Por su parte, Herrera aseguró que las últimas indicaciones ingresadas al proyecto van en la línea de algunos de los comentarios planteados por el Sernac, y que, “en caso de ser consideradas, reconocen que los operadores de las plataformas de apuestas online y los usuarios tienen la calidad de proveedores y consumidores, respectivamente, siéndoles plenamente aplicable, por ende, la Ley del Consumidor”.
