Emanuel Macedo de Medeiros, cofundador y director general global de Sport Integrity Global Alliance (SIGA) y presidente y director general de SIGA LATIN AMERICA, se pronunció sobre la adhesión de Brasil a la Convención de Macolin del Consejo de Europa. El país se convirtió en el primero de América Latina en firmar este tratado internacional para combatir la manipulación de las competencias deportivas.
En un artículo sobre el tema, el ejecutivo reconoció la importancia de dicha adhesión, pero cuestionó la decisión frente a la reciente prohibición del mercado regulado de las apuestas online mediante la Medida Provisional n.º 1.394/2026.
“La pregunta no constituye una provocación política, ni pone en duda la legitimidad de las preocupaciones que motivaron la decisión del gobierno brasileño. Es una exigencia de coherencia institucional, responsabilidad pública y eficacia de las políticas adoptadas”, señaló el ejecutivo.
Medeiros destacó que la Convención de Macolin contempla la cooperación entre las autoridades públicas, las organizaciones deportivas, los reguladores y los operadores de apuestas para prevenir e identificar actividades sospechosas. Aunque el tratado no obliga a los países a legalizar las apuestas deportivas, su implementación exige mecanismos de monitoreo e intercambio de información.
En este contexto, el ejecutivo cuestionó cómo pretende Brasil mantener dichos instrumentos tras la retirada de los operadores con licencia del mercado nacional, especialmente ante la permanencia de las plataformas ilegales.
“No se trata de una característica accesoria. Es uno de los pilares fundamentales de la Convención”, afirmó Medeiros, al remarcar que la prohibición no elimina la actividad clandestina y puede dificultar el acceso de las autoridades a información relevante para investigar posibles casos de amaño de partidos.
El director general añadió: “Nadie debe minimizar el sufrimiento provocado por el juego problemático, ni ignorar sus consecuencias económicas, sociales y familiares. Los datos publicados recientemente sobre el aumento de las bajas laborales asociadas al juego patológico refuerzan la urgencia de aplicar políticas eficaces de prevención, educación, tratamiento y apoyo a las personas afectadas. Sin embargo, la legitimidad de los objetivos no exime de evaluar los medios utilizados para alcanzarlos”.
Asimismo, Medeiros subrayó que el debate no debe limitarse a la legitimidad de la decisión brasileña de prohibir las apuestas, sino que también debe considerar los mecanismos necesarios para proteger la integridad deportiva y a los consumidores.
Medeiros abogó por que el país presente un plan nacional para implementar la Convención, que defina claramente a las autoridades responsables y establezca los mecanismos de cooperación y fiscalización.
“Firmar un convenio es asumir un compromiso. Cumplirlo es demostrar liderazgo”, concluyó Medeiros.
