La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) presentó un recurso de amparo colectivo en la Justicia del Distrito Federal para impedir la extinción de las autorizaciones concedidas a sus asociadas para operar apuestas de cuota fija en Brasil.
La entidad solicita una medida cautelar que preserve las licencias de las empresas hasta que concluya en el Congreso Nacional la tramitación de la Medida Provisional (MP) N.º 1.394/2026, la cual prohíbe las apuestas online. El pedido no solicita la reanudación inmediata de las operaciones de apuestas, las cuales permanecerían suspendidas durante dicho período.
Las licencias de los operadores de apuestas previamente autorizados tienen previsto extinguirse el 25 de octubre, según determina la medida provisional. Este jueves 8, Stake obtuvo una medida cautelar en la Justicia de São Paulo para operar hasta el 25 de octubre.
Asimismo, la ANJL pretende asegurar el mantenimiento de los dominios web, las páginas oficiales en redes sociales y las aplicaciones de los operadores, exclusivamente para la comunicación institucional y la atención a los consumidores, sin publicidad ni oferta de apuestas.
El recurso de amparo está dirigido contra autoridades de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF), de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), de la Secretaría Nacional de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y del Comité Gestor de Internet (CGI).
Actualmente, la ANJL representa a 32 operadores, responsables de 34 de las 85 licencias federales otorgadas. El documento señala que las autorizaciones tienen una validez de cinco años y, en el caso de aquellas emitidas en el primer ciclo regulatorio, debían permanecer vigentes hasta el 31 de diciembre de 2029.
La asociación también libra una batalla en el Supremo Tribunal Federal (STF) para revocar, al menos parcialmente, el contenido de la medida provisional. Sin embargo, el ministro Luiz Fux, relator de las Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADIs) sobre apuestas, solo tomaría una decisión después de la segunda vuelta de las elecciones, programada para el 25 de octubre.
ANJL cuestiona la extinción de las licencias sin proceso administrativo
El argumento principal de la asociación es que la cancelación anticipada de las autorizaciones viola los principios de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima y debido proceso legal. Para la ANJL, la medida provisional no podría eliminar automáticamente licencias otorgadas por el propio gobierno sin respetar los procedimientos administrativos previstos en la legislación anterior.
La entidad cita el artículo 21 de la Ordenanza SPA/MF N.º 827/2024, que establece las causales para la extinción de autorizaciones y exige, en los casos de revocación, anulación y caducidad, un proceso administrativo específico con derecho a la contradicción y a una amplia defensa.
La asociación destaca que las empresas pagaron 30 millones de reales por la licencia federal, constituyeron una reserva financiera mínima de 5 millones de reales e hicieron inversiones para cumplir con las exigencias regulatorias.
A juicio de la ANJL, extinguir estas autorizaciones antes de que el Congreso tome una definición puede generar consecuencias difíciles de revertir en caso de que la medida provisional sea rechazada o pierda su eficacia.
De darse ese escenario, los operadores podrían verse en la necesidad de atravesar nuevamente todo el proceso de autorización, lo que incluiría repetir costos y trámites ya cumplidos.
La asociación busca recuperar los sitios web y canales de atención
Otro punto central de la demanda involucra los bloqueos y redireccionamientos de las plataformas de apuestas implementados a partir del 6 de octubre, fecha en que los sitios salieron del aire. El gobierno determinó, a través del Ministerio de Justicia, que los sitios web de los operadores fueran redirigidos a la página Brasil sem Bets, además de establecer restricciones sobre aplicaciones y otros canales digitales.
Para la ANJL, retirar por completo estos canales perjudica la comunicación entre las empresas y los consumidores, especialmente ante las obligaciones que continúan vigentes tras la suspensión de las operaciones. La petición menciona la Ordenanza SPA/MF N.º 3.005/2026, que reglamentó los procedimientos relacionados con la devolución de los fondos de los apostadores y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias restantes, fijadas en principio hasta el 15 de diciembre.
Por este motivo, la entidad solicita que las plataformas permanezcan accesibles para aclaraciones, orientaciones y atención al cliente, pero con todas las funcionalidades de apuestas deshabilitadas. El pedido incluye también la reversión de las restricciones aplicadas a las cuentas oficiales de las empresas en redes sociales y a las aplicaciones móviles.
El recurso de amparo también menciona la expansión del mercado ilegal
La ANJL utilizó datos sobre la presencia de sitios ilegales para respaldar los argumentos presentados ante la Justicia Federal. De acuerdo con un relevamiento técnico citado en la petición, realizado el 29 de septiembre, se identificaron 26.102 dominios de apuestas activos, de los cuales 18.195 presentaban contenido inequívoco relacionado con la actividad.
El documento señala asimismo que el 60 por ciento de los dominios identificados tenían nombres idénticos, con modificaciones únicamente en la parte numérica, una característica asociada a la creación automatizada de direcciones electrónicas.
Desde la perspectiva de la entidad, interrumpir las actividades de los operadores autorizados podría estimular la migración de los apostadores hacia plataformas clandestinas, las cuales no están sometidas a los mismos mecanismos de fiscalización y protección al consumidor.
