El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) reaccionó a la aprobación del Proyecto de Ley Nº 5.473/2025 por la Comisión de Asuntos Económicos (CAE), advirtiendo que el aumento de la carga tributaria sobre las operadoras licenciadas puede generar efectos contrarios al objetivo de combatir el mercado ilegal.
El texto, de autoría del senador Renan Calheiros, prevé una elevación gradual de la Contribución sobre la Ingresos Brutos del Juego (GGR), del actual 12 por ciento al 15 por ciento y, posteriormente, al 18 por ciento en 2028.
Para el IBJR, aunque la CAE demuestre preocupación por el combate a las plataformas clandestinas, insistir en aumentar los tributos a las empresas que operan dentro de la ley debilita al sector recién regulado, reduce su competitividad y empuja a los consumidores hacia sitios ilegales.
Además, la entidad afirma que esto “estimula el avance del mercado clandestino, reduce la competitividad de las empresas licenciadas y, en última instancia, pone al consumidor en riesgo”.
Algunos datos de LCA Consultoria refuerzan esta preocupación, ya que entre el 41 y 51 por ciento de las apuestas realizadas en Brasil aún ocurren en plataformas no autorizadas, moviendo cerca de 40 mil millones de reales al año y generando una pérdida estimada de 10.8 mil millones de reales en recaudación.
El instituto defiende que la reglamentación implementada recientemente solo cumple su papel si es capaz de fortalecer el mercado formal, garantizando integridad, trazabilidad y mecanismos eficaces de prevención del endeudamiento (elementos ausentes en el ambiente ilegal, que financia prácticas ilícitas y al crimen organizado). Las medidas que aumenten la presión sobre las operadoras licenciadas, según el IBJR, favorecen a quienes actúan al margen de la ley y dificultan el enfrentamiento a las redes criminales.
Pese a la advertencia, el proyecto sigue avanzando. La propuesta también eleva la CSLL (impuesto federal) de fintechs e instituciones financieras e incluye disposiciones para combatir el lavado de dinero. El informe del senador Eduardo Braga estima un impacto fiscal positivo de hasta 6.7 mil millones de reales en 2028. El texto será enviado a la Cámara de Diputados si no se presenta un recurso para someterlo a votación en el Pleno.
