Artículo redactado por Christian Lee de iGaming Expert.
Aún no se ha tomado una decisión sobre el futuro de la prohibición de las apuestas en Brasil, a pesar de las más de diez horas de consulta pública dirigidas por el Tribunal Supremo del país.
El magistrado Luiz Fux escuchó argumentos de diversos sectores; organismos públicos, asociaciones gremiales y clubes de fútbol expusieron sus puntos de vista sobre el impacto de la medida provisional del presidente Lula da Silva, destinada a cerrar el mercado brasileño de juego online y apuestas deportivas, apenas dos años después de su apertura.
Así, iGaming Expert analiza lo que se extrajo de esta maratónica sesión, en la que la tensión fue, como era de esperar, muy elevada, dado lo que está en juego.
Los ministros respaldan la medida
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Wellington César Lima e Silva, defendió el carácter repentino de la medida —publicada el 25 de septiembre y que exigía a los operadores cesar sus actividades antes del 6 de octubre—.
El ministro hizo referencia al impacto social del sistema de apuestas y a los perjuicios que este ocasiona a la salud y la seguridad públicas.
Del mismo modo, el ministro de Salud, Alexandre Padilha, señaló que el aumento del juego problemático ejerce presión sobre el Sistema Único de Salud (SUS); de hecho, entre 2018 y 2026, la demanda de atención relacionada con la adicción al juego a través del SUS creció un 200 por ciento (aunque gran parte de este período corresponde a una etapa anterior a la regulación).
Por su parte, Jorge Messias, de la Abogacía General de la Unión, criticó al sector del juego por sus repercusiones negativas —a nivel social, económico y sanitario— en las familias brasileñas, al tiempo que defendió la constitucionalidad de la medida impulsada por Lula.
Asimismo, restó importancia al argumento de que mantener el sector regulado evitaría el auge del mercado ilegal. Y sostuvo que, en lugar de ello, la prohibición debe ir acompañada de una supervisión eficaz para combatir a quienes, operando al margen de la ley, captan a los jugadores brasileños.
Clubes de fútbol en apuros
No es solo el sector del juego el que se ha visto gravemente afectado por esta prohibición.
La economía del fútbol brasileño se ha vuelto cada vez más dependiente de los ingresos provenientes de patrocinios suscritos con grandes empresas del sector. Flávio de Araújo Willeman, vicepresidente general del Flamengo, afirmó que más de 1.200 puestos de trabajo en el club están en riesgo a raíz de esta decisión, dado que la institución dejaría de percibir 430 millones de reales en ingresos anuales.
Representantes del Fluminense también presentaron datos que indican que un tercio de los ingresos comerciales obtenidos por los equipos de primera división en 2025 provino del sector de las apuestas.
El Grêmio y el Comité Paralímpico Brasileño solicitaron al gobierno que permita el retorno de las apuestas deportivas online —excluyendo los casinos virtuales—, con el fin de recuperar una fuente de ingresos para el sector deportivo.
La ANJL cuestiona la base legal de la prohibición
El principal desafío legal contra la medida provisional está siendo liderado por la ANJL, que ha cuestionado reiteradamente los datos utilizados por el gobierno para justificar su decisión.
Pietro Cardia, asesor jurídico de dicha asociación, señaló que un estudio citado por el gobierno —según el cual 11 millones de brasileños son propensos a desarrollar trastornos relacionados con el juego— data de 2023, es decir, de una etapa anterior a la implementación de la regulación.
Cardia subrayó que la mejor forma de abordar los problemas asociados a este sector es a través de la propia regulación.
Por su parte, el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) también cuestionó la urgencia de la suspensión, dado que la legislación fue objeto de debate durante varios años antes de la apertura del mercado en enero de 2025.
Celso Cintra Mori, abogado representante del IBJR, declaró: “El Poder Ejecutivo solo puede legislar de manera excepcional, ante una urgencia real en la que la ausencia de dicha medida pudiera provocar una catástrofe o daños irreversibles”.
El juego no cuenta con un aliado en el juez Fux
El magistrado Fux expuso su opinión sobre el asunto, señalando que tiene “la percepción de que las apuestas deberían prohibirse”. No obstante, subrayó que la decisión final recaerá sobre él y diez de sus colegas, y añadió que ahora compartirá las pruebas presentadas durante la consulta pública.
El juez no especificó una fecha para la toma de la decisión, lo que mantiene al sector en una situación de incertidumbre.
Además de los desafíos legales, la medida provisional debe ser sometida a votación en el Congreso, que tiene de plazo hasta el 23 de noviembre para pronunciarse. Si no se llega a una resolución, se concederá una prórroga de 60 días.
Incluso si la decisión fuera revocada, persisten los temores sobre el nivel de inversión que los operadores estarían dispuestos a realizar en Brasil, dada la incertidumbre política y la aparente facilidad con la que podrían verse obligados a cesar sus operaciones por decisión arbitraria del presidente.
A comienzos de noviembre, Flutter confirmó el cierre de Betfair en Brasil y mantendrá a Betnacional como su único operador enfocado en el mercado brasileño. El grupo, por su parte, se prepara para registrar un cargo por deterioro de activos —sin impacto en la caja— de 823 millones de dólares, derivado de esta prohibición.
Durante su intervención en SBC Summit en Lisboa, Fellipe Fraga, Chief Business Officer de Stellar Gaming, comentó: “Estamos hundidos; debemos esperar a que pase la ola para poder salir a la superficie y ver qué es lo que queda, naturalmente”.
Y concluyó: “Teníamos 85 operadores con licencia en Brasil. De ellos, me atrevería a decir que más de 50 estaban luchando por sobrevivir, y no sé si serían capaces de recuperarse, incluso si el Congreso rechaza la medida provisional o si los tribunales la suspenden”.
