La Policía Civil del Distrito Federal (PCDF) de Brasil desplegó la Operación Azzardo, a través del Departamento de Combate a la Corrupción y al Crimen Organizado (Decor) y de la Comisaría de Represión al Crimen Organizado (Draco), con el fin de combatir la explotación de apuestas ilegales.
De esta manera, la Justicia ordenó el bloqueo de hasta 3.483 millones de reales de los investigados, según información recabada por el portal Metrópoles. En total, cerca de 200 policías participaron en el operativo, durante el cual se cumplieron 50 órdenes de allanamiento y embargo en el Distrito Federal y en otros cinco estados: São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará y Río Grande del Norte.
La investigación comenzó hace cinco meses, después de que la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) remitiera información a la PCDF sobre la actividad de plataformas de apuestas que operaban sin autorización federal.
Brasil: la investigación señala un flujo financiero de 1.000 millones de reales
De acuerdo con la información del portal, el grupo utilizaba registros de personas jurídicas ficticias en una estructura para mover y ocultar recursos. Los datos apuntan a un volumen financiero de aproximadamente 1.000 millones de reales, con transferencias directas a empresas investigadas y pagos vinculados a sitios de apuestas no autorizados.
Los cobros por medio de Pix de estas plataformas se dirigían a una fintech con sede en São Paulo, autorizada por el Banco Central para operar como Sociedad de Crédito Directo (SCD).
Según Metrópoles, las medidas judiciales contra la fintech, dos empresas del mismo grupo y sus directivos afectan únicamente a los recursos propios de la institución financiera, por lo que se preservan las cuentas de clientes terceros que no están siendo investigados.
La acción también identificó varias empresas fantasma abiertas entre febrero y julio de 2026, con capitales sociales idénticos y domicilios concentrados en Sobradinho, Sobradinho II y Ceilândia.
El esquema no se limitaba a la explotación de apuestas ilegales. El portal destacó que el grupo buscaba crear un conducto paralelo de capital, aprovechando resquicios legales en instituciones de pago para pulverizar los recursos antes de convertirlos en criptoactivos.
La investigación también constató intentos de encubrir la actividad ilegal mediante autorizaciones obtenidas ante las loterías estatales de Paraíba (LOTEP) y de Río de Janeiro (LOTERJ). Sin embargo, según lo investigado, ninguno de los sitios examinados estaba cubierto por dichas licencias, las cuales estaban restringidas a determinadas marcas y territorios y no reemplazaban la autorización federal.
Además del bloqueo financiero, la Justicia ordenó la suspensión de las inscripciones en el CNPJ (Registro Nacional de Personas Jurídicas) y de los registros en juntas comerciales de 100 empresas, y prohibió a los investigados abrir nuevas cuentas bancarias durante 90 días. Asimismo, se autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de 82 personas físicas y 83 personas jurídicas.
Los investigados podrían enfrentar cargos cuyos delitos, sumados, conllevan penas que van de 11 años y seis meses a 31 años de prisión, pudiendo llegar a los 33 años en los casos de falsedad ideológica en documento público.
