En Brasil, el juicio de la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 1212 que trata sobre la explotación de loterías municipales, comenzó el miércoles 4 de noviembre. Sin embargo, tras escuchar las exposiciones orales de las partes presentes, el ministro Edson Fachin, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), decidió suspenderlo. Aún no se ha definido una nueva fecha.
El ministro Nunes Marques, relator de la acción, ya había suspendido las normas y las actividades lotéricas municipales mediante una medida cautelar. Dicha medida también incluye la acreditación de empresas.
El abogado Ivan Cândido de Franco, representante de Solidariedade, argumentó que los municipios invaden la competencia de la Unión al legislar sobre loterías. Asimismo, señaló que las empresas acreditadas por los municipios operan sin fiscalización federal.
Por su parte, Isadora Maria Belém Rocha Cartaxo de Arruda, secretaria general de Contencioso y representante de la Abogacía General de la Unión (AGU), añadió que la Constitución no permite la explotación de loterías por parte de los municipios, atribuyendo dicha competencia a la Unión, a los estados y al Distrito Federal.
Otro punto presentado por Arruda fue la descentralización de la fiscalización de la actividad, lo cual puede incrementar los riesgos para la salud, la protección de los consumidores y la economía de las familias, especialmente en la modalidad de apuestas online.
En contrapartida, Simone Andréa Barcelos Coutinho, procuradora del Municipio de São Paulo, alegó que la explotación municipal de apuestas busca atender el interés local, con la posibilidad de restringir la actividad al territorio de la ciudad en cuestión.
En el juicio también estuvieron representadas la Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL), la Asociación Nacional por la Seguridad Jurídica de los Juegos y Apuestas (ANSEJA) y la Asociación Brasileña de Secretarías de Finanzas de las Capitales (ABRASF), a través de los abogados Pietro Cardia Lorenzoni, Ana Sofia Cardoso Monteiro Signorelli y Ricardo Almeida Ribeiro da Silva, respectivamente.
Mientras que la ANJL destacó irregularidades en la explotación municipal de las apuestas online, la ANSEJA y la ABRASF defendieron la actividad como una fuente de recursos para las políticas públicas locales, siempre y cuando se respete la legislación federal.
Renata Passos Pinho Martins, procuradora del Estado de São Paulo, y Jailton Zanon da Silveira, abogado representante de la Caixa Econômica Federal, se posicionaron a favor de restringir la actividad exclusivamente a los entes autorizados.
