Un grupo de propietarios de máquinas tragamonedas demandó a la Comisión de Juegos de Puerto Rico, alegando que el proceso de renovación de licencias generó un “caos administrativo”.
Los 16 demandantes exigen que se deje “en suspenso todo trámite relacionado (al) cobro y renovación de licencias de máquinas de juegos de azar en ruta”, en relación al proceso que tenía como fecha límite el 30 de septiembre.
Los demandantes acusan que la comisión se ha manejado con “improvisación”, que no tienen personal y que no realizan fiscalización.
“A casi cuatro años de entrar en vigor la Ley 11, la Comisión no tiene (1) un Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, (2) un Reglamento para la Confiscación de Máquinas Ilegales, (3) ni un procedimiento para enforzar el pago de las multas que se imponen. Es evidente que existe un patrón de la Comisión de no cumplir con las disposiciones de la Ley 11, según enmendada”, denunciaron.
Además, según citó Noticel, apuntan: “A casi cuatro años de la aprobación de esta ley y agotadas todas las excusas de huracanes, terremotos y pandemias, es forzoso concluir que las omisiones de la Comisión son intencionales y que en lugar de cumplir con la intención legislativa y proteger a los dueños mayoristas de máquinas de juegos de azar licenciados, los ha dejado en un estado de indefensión”.
El llamado de la Comisión de Juegos de Puerto Rico
A través de una Orden Administrativa emitida el 26 de agosto, el regulador comenzó el proceso de renovación de los permisos que vencen el 30 de septiembre y, al mismo tiempo, cobrará las deudas pendientes de los dueños mayoristas u operadores de máquinas por las licencias de 2021-2022.
“Exhortamos a todos los dueños de máquinas de juegos de azar en ruta a que comiencen los trámites para la renovación de las licencias”, llamó el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Javier Rivera Emmanuelli, según citó Noti Uno.
El funcionario explicó que el proceso está apuntado a “proteger y terminar de legalizar las operaciones de las máquinas en los establecimientos comerciales y sacar de la calle las máquinas ilegales”.
Además, detalló que el proceso fue aprobado por la Junta de Comisionados y “atiende las preocupaciones que varios componentes de la industria han levantado, mientras la CJPR continúa con su rol de fiscalizador a favor de los operadores responsables, los jugadores y los ciudadanos”.
