A pesar de haber sido el ejemplo de múltiples jurisdicciones a lo largo de Latinoamérica, la industria española se encuentra desde hace tiempo en un período de revisiones que han restringido tanto a las empresas como a los consumidores. Ahora, el Ministerio de Consumo apuntará contra las loot boxes de los videojuegos, bajo una ley que sería “pionera en Europa”.
En el seminario “Loot Boxes. Nuevos retos de la industria del videojuego”, organizado por el Ministerio de Consumo, el ministro Alberto Garzón afirmó que presentará en las próximas semanas una ley que se enfocará exclusivamente en las cajas de botín.
Si bien insistió en que España estará al frente de la regulación de este mercado, el país no sería el primero en el continente en introducir reglas, ya que Bélgica ha pisado fuerte para controlar las loot boxes y, otros como los Países Bajos, Francia y el Reino Unido han presentado distintas demandas o pedido revisiones para moderarlas.
De acuerdo al ministro, las loot boxes poseen “características muy similares a los juegos de azar tradicionales”, tanto por su aleatoriedad como por los premios que se pueden obtener de ellas. Esta iniciativa responde a la línea regulatoria de Garzón, que dio el visto bueno a fines de mayo para abrir una consulta pública para revisar un proyecto que busca regular los mecanismos aleatorios de recompensa, tal como detalló Europa Press.
De esta forma, Consumo buscará “hacer la mejor ley posible para la protección del conjunto de los consumidores y de las personas que jugamos a los videojuegos”, quienes 3 de cada 10 consumen loot boxes, según Garzón.
Si bien esta es otra medida prohibitiva, Garzón aseguró que la ley “permitirá divertirse y que eso sea compatible con la preservación y maximización de la salud de todos los consumidores y, en particular, de los más vulnerables”.
“[Estamos] ante un modelo abierto que permite al jugador ir pagando por mejoras que, probablemente, le van a proporcionar más ocio pero, probablemente, también elementos más competitivo”, agregó.
Por su parte, José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), quien también participó del seminario, sostuvo que comparar la industria del juego con la de los videojuegos “crea un daño desproporcionado a la industria del videojuego”.
“Los estudios mencionados no son suficientes para asimilar la industria del videojuego con el azar. No hace falta incurrir en la estigmatización de las cajas de botín, porque acaba contaminando al videojuego en su totalidad”, dijo.
En paralelo a la regulación de las loot boxes, las partes interesadas de la industria española del juego continúan disputando el Real Decreto que limita la publicidad de las casas de apuestas: la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo convocó a distintas partes para que se presenten alegaciones en el caso que surge del recurso presentado por la Asociación Española de Juego Digital (JDigital).
El análisis recae sobre el artículo 7 apartado 2 de la Ley 13/2011 y su posible inconstitucionalidad. De llevar esta carátula, el decreto “sería nulo de pleno derecho por haber regulado materias sobre las que no tiene competencias – el derecho a la libertad de empresa y la publicidad – que están reservadas a ley. Igualmente, el artículo 7 apartado 2 de la Ley del Juego debería ser eliminado del ordenamiento jurídico por incurrir en inconstitucionalidad”.
Desde el estudio jurídico Loyra Abogados, aseguraron que “permite de hecho que una norma inferior a la ley, el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, regule cuestiones, como es la publicidad de las actividades de juego descritas, esencialmente vinculadas al derecho a la libertad de empresa”.
