Tras el anuncio de un “nuevo impuesto” para servicios online en México, Andrea Avedillo, responsable de Asuntos Legales de Lazcano Sámano, compartió con SBC Noticias un análisis profundo sobre la verdadera implicancia de esta medida, y su relación con el juego online.
A partir del 1 de junio de 2020, entró en vigencia una enmienda a la Ley del IVA de México, aprobada en diciembre de 2019. Esta enmienda añade una nueva sección destinada a regular los servicios digitales prestados por residentes extranjeros sin oficinas en México.
Entre los servicios digitales contemplados en la Ley del IVA, la “descarga o acceso a juegos, incluidos los juegos de azar, así como otros contenidos multimedia y entornos multijugador” ha planteado una gran cantidad de preguntas entre los representantes de la industria.
Se puede considerar que los servicios digitales proporcionados en forma de juegos (“Servicios de juegos digitales”) suponen automáticamente que los operadores de juegos de azar online mexicanos tendrán que pagar IVA a partir de ahora, o que los operadores extranjeros pueden ofrecer legalmente su contenido en México sin una licencia de juego, simplemente cumpliendo con esta enmienda. En mi opinión, ambas afirmaciones están lejos de ser precisas.
Para empezar, los operadores de juegos de azar online que actualmente tienen licencia en México no están sujetos a la Ley del IVA, porque realizan sus negocios a través de entidades mexicanas. Mientras tanto, la nueva regulación de la Ley del IVA se centra exclusivamente en los “residentes extranjeros”, es decir, empresas o entidades ubicadas fuera de México.
Además, es importante tener en cuenta que los juegos de azar se rigen por una ley especial de la industria (Ley Federal de Juegos y Sorteos) y por su Reglamento. Dado que esos organismos normativos no han sido derogados, no hay razón para creer que el juego ahora se rige por una legislación diferente, como la Ley del IVA.
Por otro lado, lo que constituye el juego en México, de acuerdo con la legislación mexicana antes mencionada, es la existencia de una “apuesta” y no el “nivel de probabilidad” en el que se determina el resultado de un juego. Por lo tanto, es justo suponer que, al menos desde la perspectiva legal nacional, los juegos de chance no son necesariamente juegos de azar.
Además, otro malentendido acerca de las nuevas disposiciones de la Ley del IVA es que la persona obligada a pagar este impuesto, a una tasa impositiva del 16 por ciento, es el proveedor de los Servicios Digitales de Juego; cuando en realidad, este impuesto debe ser cargado al consumidor de tales servicios, porque no es un impuesto sobre la renta o el juego, sino un impuesto sobre el consumo.
Contrariamente a la creencia de que las disposiciones de la Ley del IVA imponen tributos o cargos adicionales a los juegos de azar online, se abre la posibilidad de que los operadores extranjeros expandan su oferta de juegos en el mercado mexicano con un enfoque diferente, bajo el supuesto de que la provisión de Servicios de juegos digitales es llevado a cabo en el marco del cumplimiento de la Ley del IVA.
En conclusión, ahora nos enfrentamos a tres escenarios diferentes. El primero es el de los operadores mexicanos con licencia de juego online, que no tienen que pagar ni cobrar el IVA, porque no están sujetos a un nuevo impuesto sobre el juego. El segundo son los operadores extranjeros que buscan ingresar al mercado mexicano con productos de apuestas online, que explorarán las diferentes opciones de licencias disponibles en virtud de la Ley de juegos de azar de México y su Reglamento.
El último escenario, pero no menos importante, son los operadores extranjeros que, a partir del 1 de junio de 2020, pueden ofrecer legalmente todo tipo de productos de juego, cuyo modelo de rentabilidad se basa en esquemas de pago por juego, sin la presencia de una apuesta (por ejemplo, tarifas de entrada a concursos, torneos y competiciones; ventas de productos en el juego, publicidad digital, etc.), como esports, torneos de póker, deportes de fantasía, videojuegos, juegos basados en deportes reales y virtuales, juegos sociales, etc.
Las diferencias pueden ser discretas, pero es importante entenderlas porque cada una tiene sus propias implicaciones legales y regulatorias.
