En Brasil, el Ministerio Público junto al Tribunal de Cuentas de la Unión (MPTCU) presentó una solicitud para que el TCU investigue los impactos de las apuestas de cuota fija sobre el gasto público, los ingresos y el endeudamiento de las familias, la recaudación tributaria y otras áreas afectadas por el sector.
El pedido fue presentado por el subprocurador general del MPTCU, Lucas Rocha Furtado, según información difundida por Correio Braziliense y ConJur. Según el periódico, la presentación se realizó el lunes 10.
Entre los aspectos que Furtado pretende que sean analizados se encuentran los efectos de las apuestas sobre el gasto público en salud, asistencia social y protección al consumidor. El pedido también aborda una posible fuga de recursos, la prevención del lavado de dinero y los fraudes, así como la efectividad de la fiscalización que ejerce el Estado sobre las plataformas de apuestas.
Según la evaluación del subprocurador general, los posibles impactos de la actividad no se limitan a la relación entre apostadores y operadores, ya que pueden alcanzar las políticas públicas, el presupuesto familiar, la protección de niños y adolescentes y la recaudación tributaria.
En junio, Furtado presentó una solicitud en la que pidió transparencia total en los procesos de autorización de casas de apuestas en Brasil.
La solicitud del MPTCU cuestiona la actuación del Estado en Brasil
Según información publicada por ConJur, Furtado afirmó que el objetivo de la solicitud no es discutir directamente la constitucionalidad de la legislación federal que reguló las apuestas de cuota fija en Brasil.
“No pretendo convertir al Tribunal de Cuentas de la Unión en un órgano de control abstracto de constitucionalidad”, afirmó el subprocurador general del MPTCU.
El foco, según explicó, es determinar si existe una eventual omisión del Estado en el ejercicio de sus competencias administrativas relacionadas con la autorización, regulación y fiscalización del mercado, además de las medidas destinadas a proteger a la sociedad.
“Se trata, por lo tanto, de una cuestión comprendida dentro del ámbito del control externo de la Administración Pública, de naturaleza contable, financiera, presupuestaria, operativa y patrimonial, y no de un pedido de declaración de inconstitucionalidad”, concluyó el subprocurador general del MPTCU.
