El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) emitió un comunicado de prensa en el que critica la prohibición total de las apuestas de cuota fija en Brasil.
Para la entidad y sus asociados, la Medida Provisional (MP) N.º 1.394/2026 representa una “ruptura del marco regulatorio construido por el propio Estado brasileño” y pone en riesgo una actividad que operaba bajo autorización y fiscalización federal desde enero de 2025.
El instituto también advirtió sobre un posible fortalecimiento del mercado ilegal. Basándose en un estudio de LCA Consultoria con datos del Instituto Locomotiva, el IBJR afirmó que entre el 38 y el 44 por ciento de las apuestas online ya se realizan en plataformas clandestinas, y que el cierre de la oferta regulada podría desplazar a una parte de los consumidores hacia operadores que no cumplen con las reglas de identificación, autoexclusión, monitoreo de transacciones y juego responsable.
En el ámbito fiscal, el mismo estudio calcula que la prohibición podría poner en riesgo entre 58.000 millones y 73.000 millones de reales en recaudación entre 2027 y 2030, dependiendo del volumen de apostadores que migren al mercado ilegal. Asimismo, el IBJR advierte sobre un riesgo jurídico de al menos 2.550 millones de reales para el Gobierno Federal solo en concepto de licencias pagadas por las empresas autorizadas, sin tomar en cuenta las inversiones, contratos y otras obligaciones asumidas por los operadores.
Como alternativa a la prohibición, el IBJR defiende el fortalecimiento de la regulación y la fiscalización, la ampliación de las políticas de juego responsable y la intensificación del combate contra las plataformas clandestinas.
Comunicado del IBJR
“El Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y sus asociados consideran que la prohibición total de las apuestas de cuota fija representa una ruptura del marco regulatorio construido por el propio Estado brasileño y pone en riesgo una actividad económica que, desde enero de 2025, opera bajo autorización, fiscalización y reglas definidas por el Gobierno Federal. Las empresas realizaron inversiones, contrataron profesionales, desarrollaron sistemas, celebraron contratos y pagaron licencias para cumplir con las exigencias establecidas por la reglamentación. Cerrar este mercado poco tiempo después de su implementación generará impactos económicos y jurídicos significativos y comprometerá los avances logrados en la formalización y el control de una actividad que ya existía en el país.
La prohibición tampoco elimina la demanda existente. Un estudio de LCA Consultores, con datos del Instituto Locomotiva, estima que entre el 38 y el 44 por ciento de las apuestas online aún se realizan en plataformas clandestinas, un porcentaje inferior al 41 – 51 por ciento estimado en 2025. Según la consultora, el cierre de la oferta legal tiende a desviar una porción relevante de esa demanda hacia operadores ilegales, los cuales no están sujetos a las mismas obligaciones que las empresas autorizadas.
La medida también elimina —para los consumidores que migren a la ilegalidad— el acceso a los mecanismos de protección previstos en el entorno regulado, tales como identificación, reconocimiento facial, límites, monitoreo de transacciones, autoexclusión y herramientas de Juego Responsable. Al sacar la actividad del entorno regulado, el Estado también pierde instrumentos de fiscalización y rastreo de las operaciones financieras.
Los efectos económicos y fiscales son igualmente relevantes. LCA estima que, entre 2027 y 2030, la prohibición de todas las apuestas de cuota fija podría poner en riesgo entre 58.000 millones y 73.000 millones de reales en recaudación, considerando escenarios en los que entre el 80 y el 100 por ciento de la demanda atendida actualmente por el mercado regulado migre hacia operadores ilegales. Parte de esa recaudación se destina por ley a áreas como seguridad pública, educación, seguridad social, turismo y deportes. La interrupción de la actividad también afecta las inversiones, contratos, empleos, proveedores, patrocinios y otras relaciones económicas constituidas a partir de la reglamentación.
Además, existe un impacto sobre la seguridad jurídica. Las empresas autorizadas pagaron licencias por 30 millones de reales, con una validez de cinco años, y estructuraron sus operaciones a partir de los permisos concedidos por el propio poder público. Tomando en cuenta únicamente las licencias pagadas, LCA calcula que el riesgo jurídico para el Gobierno Federal asciende a al menos 2.550 millones de reales, sin contemplar las inversiones, los contratos y otras obligaciones asumidas por las empresas. Revertir el modelo poco tiempo después de otorgar las autorizaciones incrementa la inseguridad jurídica y puede derivar en disputas judiciales.
Para el IBJR y sus asociados, el camino para enfrentar los problemas asociados a las apuestas es fortalecer la regulación, la fiscalización y las políticas de Juego Responsable, además de intensificar la lucha contra el mercado clandestino. Preservar un entorno regulado permite que el Estado fiscalice la actividad, imponga obligaciones a los operadores y mantenga herramientas de protección para los consumidores”.
ABRAJOGO afirma que la prohibición de las apuestas en Brasil amplía la inseguridad jurídica
La Asociación Brasileña de Operadores y Proveedores Internacionales de Juegos (ABRAJOGO) también criticó la prohibición de las apuestas de cuota fija en Brasil. Y afirmó que la decisión profundiza la inseguridad jurídica para las empresas que estructuraron sus operaciones con base en las reglas establecidas por el propio Gobierno Federal.
Según la asociación, los operadores invirtieron en el país, contrataron profesionales, desarrollaron sistemas, firmaron contratos y pagaron licencias tras la reglamentación de la actividad. Para ABRAJOGO, la modificación posterior de las condiciones fijadas por el propio Estado afecta la confianza en el entorno regulatorio brasileño y puede generar impactos que van más allá de la industria del juego.
Al igual que IJBR, la entidad argumentó que la prohibición no elimina la demanda y puede incrementar la exposición de los consumidores a plataformas clandestinas, las cuales no están sujetas a las mismas obligaciones de identificación, monitoreo, autoexclusión, juego responsable y protección que se exigen a las empresas autorizadas.
Asimismo, la asociación mencionó posibles efectos sobre los empleos, proveedores, inversiones, contratos, patrocinios y la recaudación fiscal.
Al cierre de su postura, ABRAJOGO indicó que continuará dialogando con el Poder Público, el Congreso Nacional y otros sectores de la sociedad, y adelantó que pretende adoptar “las medidas legales pertinentes” para defender el cumplimiento de la legislación, las autorizaciones concedidas y la seguridad jurídica.
El comunicado de ABRAJOGO
“La Asociación Brasileña de Operadores y Proveedores Internacionales de Juegos – ABRAJOGO considera que la prohibición de las apuestas de cuota fija representa una ruptura del marco regulatorio construido por el propio Estado brasileño y profundiza un escenario de inseguridad jurídica para una actividad económica que operaba bajo autorización, fiscalización y reglas definidas por el Gobierno Federal.
Brasil decidió regular las apuestas, estableciendo normas, otorgando autorizaciones y cobrando licencias para el funcionamiento de la actividad. A partir de este marco, las empresas invirtieron en el país, contrataron profesionales, desarrollaron sistemas, celebraron contratos y estructuraron sus operaciones para cumplir con los requisitos establecidos por el Estado.
Ahora, esa misma actividad ha sido prohibida de forma abrupta, de la noche a la mañana y sin respaldo para los inversores que confiaron en las normas fijadas por el propio poder público.
Este movimiento compromete uno de los pilares esenciales de cualquier entorno de negocios: la confianza de que las decisiones, autorizaciones y compromisos asumidos por el Estado serán respetados. Cuando las empresas invierten basándose en normas oficiales y luego ven esas condiciones modificadas de manera abrupta, se instala una inseguridad que supera los límites de la industria de las apuestas.
Por lo tanto, la cuestión no se limita a un sector específico. Afecta la credibilidad del entorno regulatorio brasileño y la confianza de cualquier agente económico que necesite evaluar si las autorizaciones, los contratos y las inversiones realizadas en el país mantendrán su estabilidad a lo largo del tiempo.
La prohibición tampoco elimina la demanda existente. Al retirar la actividad del entorno regulado, se incrementa la exposición de los consumidores a plataformas clandestinas que no están sujetas a las mismas obligaciones de identificación, monitoreo, autoexclusión, Juego Responsable y protección impuestas a las empresas autorizadas.
Las consecuencias también alcanzan a los empleos, proveedores, contratos, inversiones, patrocinios y a diversos segmentos que pasaron a integrar la cadena económica constituida a partir de la reglamentación, además de la recaudación fiscal y los destinos previstos para áreas de interés público.
Las decisiones de esta magnitud exigen diálogo institucional, evidencias, análisis técnico y, sobre todo, respeto por la seguridad jurídica. Preservar la confianza en las normas establecidas por el propio Estado es una condición esencial para cualquier entorno económico estable, responsable y capaz de atraer inversiones.
ABRAJOGO se mantendrá abierta al diálogo con el Poder Público, el Congreso Nacional y los diferentes sectores de la sociedad, y adoptará las medidas legales pertinentes para asegurar el cumplimiento de la legislación, el respeto a las autorizaciones concedidas y la preservación de la seguridad jurídica.
Brasil necesita honrar las reglas que establece”.
