La regulación del juego en Brasil será debatida tras las elecciones del 2 de octubre

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El próximo 2 de octubre tendrán lugar las elecciones presidenciales en Brasil, que están generando una alta disputa para definir el rumbo del país por los próximos años. Por este motivo, era esperado que la regulación del juego pase a segundo plano, y así lo confirmó el líder del gobierno en el Senado Nacional, Carlos Portinho.

El senador habló públicamente sobre la votación del proyecto aprobado, en una sesión histórica, por la Cámara de Diputados el pasado 24 de febrero, y que ahora debe obtener el visto bueno en el Senado para finalmente ser firmado por Presidencia y entrar en vigor.

En una entrevista con el medio local Valor, Portinho dijo que “hay algunas prioridades de votación para el segundo semestre del año y varios temas, aún en espera, que estarán sobre la mesa después de las elecciones, como la regulación de los juegos de azar en Brasil”. 

Pese a la demora, las declaraciones del senador trajeron esperanzas al añadir que “el tema es controversial, pero que hay que regularlo”. Sobre esto, también se refirió a la reciente ley aprobada para subir el piso salarial nacional para enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería y partería.

Esta normativa sería financiada a través de los ingresos generados por el juego y las apuestas legalizadas. Así, Portinho comentó: “No me gusta mucho que los juegos de azar sean los que sostengan el piso salarial de enfermería, pero entiendo que hay que buscar fuentes extra”.

De esta forma, reafirmó que “los juegos de azar deberían estar regulados” y también resaltó que, “en el área de las apuestas deportivas, las empresas internacionales están ahí ofreciendo sus servicios, ganando mucho y pagando nada”.

Y concluyó: “Lo que me preocupa es la manipulación de los resultados, no las apuestas. Ya hay manipulación en el deporte, en el fútbol, ​​yo seguía casos como abogado. No hacer nada es peor. Este tema irá después de las elecciones. Fui muy sincero con Arthur Lira, hay resistencia en el Senado, pero debatiremos”.

La propuesta de regulación

Algunas de las modificaciones realizadas establecen que las licencias de los casinos se otorgarán mediante un proceso en el cual se elegirán las mayores inversiones, mientras que se prohibirá que un mismo grupo económico obtenga más de un establecimiento por entidad federativa. El grupo tampoco podrá obtener más de cinco licencias en el país.

Por otro lado, habrá un límite de una licencia por estado con hasta 15 millones de habitantes, dos licencias para estados con 15 a 25 millones de habitantes y tres licencias para aquellos con más de 25 millones, aunque Pará y Amazonas tendrán otras excepciones.

La propuesta de Carreras también prevé la creación de un software de gestión llamado “Sistema de Auditoría y Control” (SAC), para que el Ministerio de Economía pueda monitorear las apuestas y el pago de premios. Este software debe contar con un sistema cashless para evitar la utilización de monedas o billetes en máquinas y mesas de juego. Asimismo, los jugadores deberán estar identificados con un documento nacional en Brasil para residentes y un pasaporte para extranjeros.

Felipe Carreras, relator del proyecto, cree que la legalización podría dar lugar a que el país recaude 20 mil millones de reales de forma anual en impuestos, generar 200 mil puestos de trabajo y formalizar otros 450 mil.

Por otro lado, la Tasa de Inspección de Juegos de Azar (Tafija) será de 600.000 reales por dominio licenciado cada trimestre para los casinos, mientras que para los operadores autorizados de juego online será de 300 mil y para los de bingo y jogo do bicho, 20 mil.

El proyecto dispone una CIDE-Juegos del 17 por ciento para todas las modalidades, eximiendo a los operadores de juegos y apuestas de la carga de los impuestos ya vigentes (ISS, PIS/PASEP y Cofins, IRPJ y CSLL).

El texto describe que, de los recursos obtenidos, un 16 por ciento se destinará al Fondo de Participaciones del Estado (FPE), un 16 por ciento al Fondo de Participación Municipal (FPM), un 12 por ciento a Embratur y un 10 por ciento a la financiación para programas deportivos.