Andrei Kampff, periodista, abogado, magíster en derecho deportivo y socio de AK Direito na Comunicação e no Esporte, se estrenó en la columna Rincón Jurídico, de SBC Noticias Brasil, con un análisis de los desafíos de gobernanza que enfrenta la FIFA.
En el artículo “El poder de la FIFA exige nuevos controles”, Kampff analiza la concentración de poder dentro del organismo y los límites de los actuales mecanismos de supervisión, tras el intento de Gianni Infantino de vender acciones de la Copa del Mundo a inversores privados, entre otras polémicas.
El poder de la FIFA exige nuevos controles
La FIFA nunca tuvo tanto poder. Y quizás nunca haya quedado tan claro que los mecanismos creados para controlar ese poder ya no son suficientes. Esa es, para mí, la cuestión central de la crisis que atraviesa la mayor entidad deportiva del mundo. Los episodios recientes pueden parecer independientes cuando se los observa de manera aislada, pero están relacionados con una forma de gobernanza que ya no está a la altura del tamaño de la organización.
La crisis provocada por FIFA Forward Enterprise, los problemas relacionados con los derechos humanos durante la Copa del Mundo de 2026, el acercamiento cada vez más explícito entre el presidente Gianni Infantino y el poder político, y los cuestionamientos sobre la independencia y la eficacia de las estructuras internas de control tienen orígenes diferentes. Pero todos apuntan al mismo lugar.
Hoy existe una enorme distancia entre el poder que ejerce la FIFA y los mecanismos existentes para supervisarlo.
Hace algún tiempo trabajo con compliance, gobernanza y derechos humanos en el deporte. También he conversado mucho con colegas de fuera de Brasil, profesionales responsables de programas de integridad en grandes empresas y personas que trabajan en organizaciones deportivas internacionales. Participo en encuentros y debates sobre el tema. Y una percepción aparece cada vez con mayor frecuencia en estas conversaciones: el deporte creció económicamente, amplió su influencia política, convirtió sus decisiones en asuntos globales, pero sus estructuras de gobernanza no evolucionaron al mismo ritmo.
En el caso de la FIFA, esta contradicción se volvió particularmente evidente.
No estamos hablando solamente del organismo que organiza la Copa del Mundo. Estamos hablando de una organización privada que mueve miles de millones de dólares, distribuye recursos entre 211 asociaciones nacionales, controla competencias globales, establece reglas que afectan a clubes, atletas, intermediarios e inversores, decide dónde se realizarán eventos capaces de transformar ciudades y economías, y ejerce una especie de poder normativo transnacional.
Muy pocas organizaciones privadas en el mundo tienen un alcance semejante.
Y justamente por eso no podemos seguir discutiendo la gobernanza de la FIFA como lo hacíamos décadas atrás.
La crisis que dejó al descubierto el problema
FIFA Forward Enterprise quizás haya sido la demostración más evidente de esta fragilidad.
El proyecto pretendía promover una profunda reorganización de la explotación comercial de los activos de la FIFA, creando una estructura empresarial capaz de recibir inversión privada y administrar una parte relevante de los ingresos relacionados con las competencias del organismo.
Más allá de la evaluación económica de la propuesta, había una pregunta previa.
¿Quién decidió?
Y, principalmente, ¿cómo se tomó esa decisión?
Cuando una organización asociativa pretende llevar adelante una transformación de esta magnitud, no basta con discutir si existe autorización estatutaria para hacerlo. Es necesario saber cómo se construyó la propuesta, qué información fue puesta a disposición de las asociaciones, qué conflictos de interés fueron identificados, qué mecanismos independientes evaluaron la operación y qué espacio efectivo se concedió a los integrantes de la organización para participar en la decisión.
La gobernanza no consiste en cumplir con una votación al final del proceso. Gobernanza significa garantizar transparencia, participación y supervisión desde el comienzo.
La fuerte reacción de federaciones, confederaciones, ligas y representantes de otros sectores del fútbol obligó a la FIFA a retirar el proyecto. Pero sería un error interpretar el retroceso como el cierre de la crisis.
El proyecto terminó. El problema institucional que permitió que llegara tan lejos permanece.
Y quizás este sea el aspecto más importante de toda esta discusión.
Autonomía no significa ausencia de control
Durante mucho tiempo, el deporte construyó su organización internacional en torno al concepto de autonomía.
Esta autonomía tiene una importante razón histórica. El deporte necesita libertad para establecer sus reglas, organizar competencias y proteger a sus instituciones frente a interferencias políticas indebidas.
Pero existe una enorme diferencia entre autonomía y ausencia de control.
La FIFA ejerce un poder extraordinario precisamente porque recibe legitimidad de las asociaciones que la integran. Es una estructura asociativa. Su autoridad nace de abajo hacia arriba.
Cuando las decisiones estratégicas pasan a estar excesivamente concentradas en la cima, se produce una ruptura entre el poder ejercido y la base que debería legitimarlo.
Esta tensión se vuelve aún mayor cuando observamos cuántas funciones diferentes están reunidas dentro de una misma organización.
La FIFA regula el fútbol. Organiza competencias. Explota comercialmente esas competencias. Distribuye recursos. Supervisa asociaciones. Aplica sanciones. Define políticas de desarrollo. Negocia con gobiernos. Elige países anfitriones.
Es regulador, organizador, agente económico y distribuidor de recursos al mismo tiempo.
Esta acumulación debería generar controles extraordinarios.
No una concentración extraordinaria.
Una de las reformas que deben discutirse pasa precisamente por una separación más clara entre las funciones regulatorias, comerciales y de desarrollo. La lógica es conocida en cualquier sistema de gobernanza mínimamente sofisticado: quien crea las reglas no debería concentrar también, sin contrapesos efectivos, la explotación económica, la supervisión y la distribución de los recursos derivados de ese mismo sistema.
La Copa mostró que el problema va más allá del dinero
La Copa del Mundo de 2026 amplió esta discusión.
Por primera vez, una Copa fue organizada desde su candidatura bajo una estructura formal más sólida de compromisos relacionados con los derechos humanos. Esto debería representar un avance histórico.
En muchos aspectos, así fue.
Pero los acontecimientos alrededor del torneo también demostraron la distancia que todavía existe entre los compromisos institucionales asumidos por la FIFA y la capacidad de hacer que estos prevalezcan cuando entran en conflicto con intereses económicos o políticos.
Las dificultades enfrentadas por determinados participantes debido a políticas migratorias, los debates relacionados con la discriminación, las restricciones vinculadas con países participantes y diferentes episodios de interferencia política demostraron que los derechos humanos no pueden existir únicamente como compromisos escritos en políticas institucionales.
Necesitan contar con mecanismos de enforcement, es decir, mecanismos que obliguen al cumplimiento.
Este es un problema de compliance.
Una política que no logra generar consecuencias cuando es violada deja de ser un instrumento de gobernanza y corre el riesgo de convertirse simplemente en una herramienta de reputación.
Por eso vengo defendiendo desde hace algún tiempo la creación, dentro de la estructura internacional del fútbol, de un mecanismo independiente de derechos humanos, integrado por especialistas con suficiente autonomía para evaluar situaciones relacionadas con competencias, países anfitriones y decisiones institucionales.
Los derechos humanos no pueden depender exclusivamente de la conveniencia política de la administración que esté al frente de la FIFA.
Deben institucionalizarse de la misma manera que los Comités de Ética necesitan ser independientes y estar integrados por personas capacitadas.
El problema de la cercanía con el poder político
Hay otro elemento que no puede ser ignorado.
La cercanía entre Gianni Infantino y líderes políticos durante la Copa puso a la FIFA frente a una contradicción difícil de explicar.
El organismo exige a las federaciones nacionales independencia respecto de los gobiernos. Sus estatutos y reglamentos combaten las interferencias políticas. Las federaciones pueden sufrir graves consecuencias cuando el poder estatal supera determinados límites.
Esta protección tiene sentido. Pero la credibilidad de esta regla también depende de la conducta de quien está en la cima.
Una organización que exige independencia política a sus integrantes debe demostrar independencia política en su propia actuación.
Cuando esta frontera se vuelve confusa, el problema no es solamente de imagen. Es de gobernanza.
Las reglas deben aplicarse a todos, incluso a quienes ejercen el mayor poder dentro de la estructura.
El compliance debe controlar el poder
Existe un error recurrente en la manera en que el deporte entiende el compliance.
Durante años, muchas organizaciones trataron el compliance como un departamento. Crearon códigos de ética, canales de denuncias, políticas internas y estructuras formales destinadas a demostrar un compromiso con la integridad.
Todo eso es importante. Pero el compliance no es una colección de documentos. Es un sistema de control del poder.
Un programa de integridad eficiente debe ser capaz de plantear preguntas incómodas antes de que se tomen las decisiones.
¿Quién puede decidir? ¿Existe un conflicto de intereses? ¿La información llegó a todos aquellos que deberían participar en la decisión? ¿Existen mecanismos independientes de supervisión? ¿Quién controla a quienes ejercen el poder? ¿Existe una posibilidad real de rendición de cuentas?
Si estas preguntas solo aparecen después de la crisis, el sistema falló.
El Fifagate debería haber dejado esta lección definitivamente incorporada a la estructura del fútbol internacional.
El escándalo iniciado en 2015 produjo una profunda transformación en la percepción sobre la gobernanza deportiva. Se llevaron a cabo reformas, se fortalecieron los mecanismos de integridad y la propia FIFA comenzó a defender públicamente una nueva cultura institucional.
Más de una década después, sin embargo, la discusión volvió al mismo punto fundamental:
¿Quién controla el poder?
Es necesario reformar la arquitectura
La respuesta a la crisis actual no puede consistir únicamente en cambiar personas.
El problema es institucional.
Reducir todo a la permanencia o no de Gianni Infantino sería simplificar una discusión mucho más amplia. Los presidentes pasan. Las estructuras permanecen.
La FIFA necesita aprovechar esta crisis para reformar su arquitectura de gobernanza.
Esto implica reducir la concentración de poderes en la presidencia; separar con mayor claridad las funciones comerciales, regulatorias y de desarrollo; fortalecer efectivamente los órganos independientes de ética y compliance; crear mecanismos externos de supervisión; establecer reglas más estrictas de transparencia; revisar los sistemas de distribución de recursos; y garantizar una participación más democrática de los diferentes actores que conforman el fútbol.
Los atletas, clubes, ligas y demás stakeholders no pueden seguir apareciendo únicamente después de que las grandes decisiones ya están prácticamente tomadas.
La supervisión externa también debe ser entendida no como una amenaza a la autonomía deportiva, sino como un elemento de legitimidad.
Las organizaciones que administran miles de millones de dólares y ejercen poder global no pueden esperar que el mundo simplemente confíe en ellas.
Deben demostrar por qué merecen esa confianza.
La legitimidad no proviene del dinero
El fútbol atraviesa quizás el período de mayor expansión económica de su historia.
Nuevas competencias, nuevos mercados, fondos de inversión, plataformas digitales e ingresos comerciales ampliaron extraordinariamente la capacidad financiera de las organizaciones deportivas.
Pero hay algo que el dinero no puede comprar. Legitimidad.
Esta depende de la confianza.
Y la confianza institucional se construye mediante transparencia, participación, control y capacidad de exigir responsabilidades.
La crisis actual de la FIFA ofrece, por lo tanto, una oportunidad.
No solo para abandonar un proyecto comercial cuestionado o administrar una turbulencia política más, sino para reconocer que la arquitectura institucional creada para gobernar el fútbol ya no se corresponde con la magnitud del poder que hoy está concentrado en Zúrich.
El deporte internacional cambió.
El mercado cambió.
La sociedad cambió.
La supervisión cambió.
La gobernanza también debe cambiar.
Porque cuanto mayor sea el poder de una organización, menos puede depender ese poder únicamente de la confianza en quien lo ejerce de manera circunstancial.
Debe depender de las instituciones capaces de controlarlo.
